Discriminación salarial
Una empresa de Córdoba no abonó el aumento de sueldo pactado a sus trabajadoras porque en el convenio sólo se habla de “trabajadores”.
Los hombres sí cobraban; las mujeres, no. Motivo: el convenio colectivo establecía que los atrasos correspondían a “los trabajadores”, pero no decía nada de “las trabajadoras”. La denuncia hecha pública por la secretaria de CC.OO. de Córdoba, María Ávalos, asegura que tal fue la justificación que dieron los abogados de la empresa Aceites y Energía Santamaría SL, ubicada en Lucena (Córdoba), que se ha hecho famosa de la noche a la mañana por una discriminación por razón de sexo “de libro”, según Ávalos. Una situación aberrante que parece en vías de solución después de que la empresa se haya comprometido a rectificar tras la presión mediática y popular.
A finales del año pasado se firmó el nuevo convenio colectivo de las industrias del aceite, que establecía un incremento salarial del 1,5%, a cobrar con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 2017. Desde comienzos del año actual, los trabajadores de la empresa empezaron a recibir puntualmente ese aumento en sus nóminas. ¿Todos? No, las tres únicas empleadas de la empresa, adscritas al área administrativa, quedaron excluidas.
Según figura en el Registro Mercantil de Córdoba, Aceites y Energía Santamaría tiene un capital social de más de 100.000 euros; una cantidad de empleados que ronda los cuarenta y unas ventas de más de tres millones de euros anuales; tiene ocho accionistas, cinco órganos sociales activos y está relacionada con 27 empresas. Forma parte del Grupo Santamaría, una empresa familiar con actividad en España, Cuba, Uruguay, Argentina y recientemente se ha instalado en Chile. No parece que se trate, por tanto, de una cuestión de imposibilidad económica, ya que las trabajadoras afectadas son únicamente tres en una plantilla de 41 personas.
Un comunicado de la empresa, enviado a media tarde, expresaba su “absoluto desconocimiento de la denuncia que tanto revuelo ha causado”. En todo caso, la empresa ha convocado a los sindicatos para celebrar una “reunión en las próximas horas para analizar la situación y, caso de ser necesario, buscar las soluciones pertinentes”. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Ana Díaz, señala que “la empresa alega que se trata de una confusión y están intentando enmendar un acto que incumple totalmente la normativa laboral y sería motivo para que interviniera la justicia”.
El caso ha provocado un aluvión de reacciones, entre los que hay que destacar un tuit publicado en la cuenta de la Real Academia Española en el que se escribe que “quizá la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer traiga consigo estas lamentables confusiones”, una frase que dio origen a una catarata de respuestas.
Eva García Sempere, diputada de IU en el Congreso, registró ayer una pregunta al Gobierno para conocer “la valoración que hace de este caso de discriminación laboral por razón de sexo”.
La aceitera, que excluye del abono de atrasos a las mujeres, ha sido denunciada por discriminación