Familias rotas en la frontera
La ONU reprende a EE.UU. por separar a los inmigrantes de sus hijos
L. es una mujer de 39 años que el año pasado huyó de la violencia de su país, la República del Congo, y llegó a México. Viajaba con su hija, S.S., de siete años, y en noviembre se presentaron en la frontera con Estados Unidos para pedir asilo.
L. fue entrevistada y los agentes consideraron que su solicitud tenía visos de prosperar, así que trasladaron a las dos a una especie de hotel contratado por el Gobierno donde pasaron unos días, hasta que de repente, sin darles ninguna explicación, la madre fue trasladada a un centro de detención en San Diego y su hija, a más de 3.000 kilómetros, a Chicago. O eso cree, según consta en la denuncia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra la práctica de la Administración Trump de separar a las familias en la frontera como “técnica disuasoria” contra la inmigración ilegal. Puede haber centenares de casos como el suyo. “No es cruel”, dice la Casa Blanca.
“Estados Unidos debe poner fin de inmediato a la práctica de separar a las familias y criminalizar lo que, a lo sumo, debería ser una infracción administrativa, la entrada o la estancia irregular en el país”, reclamó anteayer la portavoz de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, que criticó que no se distinga siquiera en casos de solicitantes de asilo. Algunos de los niños separados de sus padres son muy pequeños y hay al menos uno de doce meses, afirmó.
“La detención nunca va en interés de los niños y es una violación de sus derechos”, “no hay nada normal” en ello, sentenció Shamdasani. “El uso de las detenciones y las separaciones familiares como elemento de disuasión –enfatizó– va contra los estándares y principios de los derechos humanos”. Estados Unidos es el único país que no ha ratificado la convención de la ONU sobre derechos de la infancia, pero tiene obligaciones derivadas de otros textos, dijo la portavoz.
“Ni Naciones Unidas ni nadie va a dictar a los Estados Unidos cómo debe defender su frontera”, ha respondido la embajadora ante el organismo, Nikki Haley. “Vamos a seguir siendo un país generoso, con leyes que determinan la mejor manera de proteger nuestras fronteras y nuestros ciudadanos”, dijo para después tildar a la organización de “hipócrita” por ignorar las violaciones de los derechos humanos en otros países.
La mayor parte de los inmigrantes que actualmente cruzan la frontera entre México y Estados Unidos proceden de países de América Central como Guatemala, Honduras o El Salvador, azotados por la pobreza, las drogas y las bandas organizadas. Trump firmó el año pasado una nueva ley de control de fronteras que si bien no prevé explícitamente la separación de las familias, obliga a iniciar medidas contra todas las personas indocumentadas que crucen la frontera.
Pronto empezaron a llegar noticias de familias rotas al entrar a Estados Unidos pero, durante meses, la Casa Blanca se negó a contestar a las peticiones del Congreso sobre esa política, el número de niños afectados o su situación una vez traslados a instituciones de acogida. Gestionadas por oenegés, allí les buscan algún familiar con residencia legal o alguna familia de acogida, un proceso que suele llevar meses y que no siempre culmina con éxito. En marzo, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció “una política de tolerancia cero con las entradas irregulares por la frontera sur” consistente en perseguir judicialmente al “cien por cien” de las personas que detengan.
Después, varios cargos de la Administración han respaldado abiertamente esta política y sus consecuencias. “Padres e hijos son separados a diario cuando un progenitor está acusado de algún delito. Es triste ver llorar a un niño que separas de su padre, pero no porque sea triste debamos ignorar la ley”, defendió ayer Thomas Homan, vicedirector de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). Ha habido numerosos casos de fraude y en algunos casos traen niños para que les dejen antes en libertad mientras se resuelven sus casos, alegan. El Gobierno reconoció en abril que, desde octubre, unos 700 menores han sido separados de sus padres. Poco después se supo que, el año pasado, habían perdido la pista de 1.500 niños puestos en el burocrático sistema de acogida temporal.
La Administración Trump ha atribuido falsamente la práctica a una ley de la era Obama, durante la que en circunstancias extremas también se separaba familias. Ayer el presidente culpó a los demócratas de haber llegado a esta situación. “Las leyes de control de fronteras deberían cambiar, pero los demócratas no se ponen de acuerdo”, tuiteó ayer el líder republicano, que tiene mayoría en las dos cámaras.
L. fue liberada en marzo mientras se resuelve su caso. Su hija, según la agencia AP, sigue en Chicago.
CRÍTICAS DESDE GINEBRA Según las Naciones Unidas, EE.UU. ha de acabar con la separación de familias
“TOLERANCIA CERO”
“Que sea triste no significa que debamos ignorar la ley”, replica la agencia migratoria