El Gobierno descarta renovar la tutela financiera a Catalunya
El control decae con el 155 y sólo seguirá el filtro para acogerse al FLA Los líderes de PP y PSOE pactaron en mayo mantener la intervención
El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez se estrenó ayer anunciando que el Gobierno de España elimina el control previo que tenía el Ministerio de Hacienda, a través de las entidades financieras, sobre todas las órdenes de pago de la Generalitat de Catalunya.
Y así “culmina” el levantamiento de la tutela sobre las finanzas catalanas impuestas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Una tutela que el Gobierno, no obstante, tenía la opción de mantener o renovar.
La nueva portavoz del Gobierno, la vasca Isabel Celaá, lo definió como “un gesto de normalización política” hacia Catalunya. “En la confianza de que funcionará bien”, aseguró. Un gesto, no obstante, que a la propia Generalitat no le supo a nada. Un mero “hecho automático” tras el levantamiento del 155, según advirtió el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que reclamó que se “levanten los controles a posteriori que impusieron en noviembre del 2015”.
Pero este “gesto” del Gobierno, en cambio, significó para el PP y para Ciudadanos ni más ni menos que el primer “pago” de Sánchez al “chantaje” de los partidos independentistas catalanes por su respaldo a la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa.
La ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, informó al Consejo de Ministros de la culminación del levantamiento de los controles previos sobre los pagos de la Generalitat vinculados a la aplicación del artículo 155 en Catalunya. “De este modo –informó después en un comunicado el departamento de Montero para aclarar la cuestión–, se elimina el control previo que tenía el Ministerio de Hacienda a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago de la Generalitat”.
Este mecanismo, según el ministerio, “era uno de los resortes que era preciso desactivar tras el levantamiento automático del artículo 155”. No obstante, advirtió Hacienda, la Generalitat “continúa sujeta a los mecanismos de control sobre el gasto al que están sometidas las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)”. Es decir, controles a posteriori para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales, como marca la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El único control reforzado para Catalunya que se mantiene es el de remitir informes mensuales a Hacienda, como viene haciendo la Generalitat desde el año 2015. Ya no habrá, por tanto, un acceso directo a las cuentas de la Generalitat, por vía telemática, por parte del Ejecutivo central. Pedro Sánchez, así, descarta renovar la tutela financiera de Catalunya, en la hora del adiós del 155, más allá de los propios filtros de control del FLA y el citado informe mensual. “Esta es una medida de normalización, lo que no significa que el Gobierno de España no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas”, advirtió Celaá. “El Gobierno de España tiene fórmulas para estar informado de todo”, zanjó.
En su última cita en la Moncloa, el pasado 15 de mayo, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acordó con Sánchez que, aunque se levantara la intervención financiera de Catalunya cuando el 155 dejara de estar vigente, se mantuviera una vigilancia sobre el presupuesto de la Generalitat en la línea de lo decidido en noviembre del 2015. Una decisión que en aquel momento la Generalitat no recurrió ante los tribunales.
Sánchez, ahora, quiere dar especial relevancia a la actitud que está manteniendo, según su propósito de acentuar una política de distensión con Catalunya. La portavoz gubernamental, Isabel Celaá, insistió ayer en esta línea en su primera comparecencia pública en la Moncloa tras el debut del nuevo Consejo de Ministros. Así, aseguró que para el Ejecutivo es “prioritario” recuperar la senda del diálogo y el acuerdo con Catalunya. Ya que, según afirmó, “el principal problema en este momento es el de la integridad territorial”. “El gran objetivo es normalizar”, subrayó.
Celaá aseguró que la estrategia que adoptará el nuevo Ejecutivo central ante la crisis de Catalunya, en busca de dicha normalización, se llevará a cabo “con la Constitución en una mano y el diálogo en la
POLÍTICA DE DISTENSIÓN
El Ejecutivo actuará “con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra”
ESTRATEGIA DEL EJECUTIVO
La portavoz destaca que el Gabinete intenta lanzar “un gesto de normalización política”
otra”. “Para nosotros es de gran importancia llevar al ánimo de la sociedad que venimos a normalizar”. “Con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra –insistió–, trataremos de avanzar”. Y, según el comunicado de Hacienda, la eliminación del visto bueno previo a la formalización del pago que se realizaba desde la aplicación del 155 “conlleva que se restablece la normalidad en los pagos de la Generalitat de Catalunya”.
Celaá aseguró que la cuestión catalana será “un tema transversal” del que se ocuparán todos los ministerios, además del de Política Territorial, que dirige la catalana Meritxell Batet. “Pero a quien corresponde el liderazgo es al presidente del Gobierno”, avisó. El propio Sánchez, por tanto, llevará directamente las riendas.
La portavoz del Gobierno, por otra parte, descartó que ahora se vaya a adoptar ninguna iniciativa respecto a los líderes independentistas que están en la cárcel. “Están en prisión provisional –advirtió Celaá–, por lo que su situación depende del juez instructor y debemos respetar esos tiempos”.
Los partidos de la oposición, que estaban a la espera de las primeras decisiones del Consejo de Ministros, saltaron en tromba contra el levantamiento por parte de Hacienda del control previo de los pagos bancarios a la Generalitat y calificaron esta medida como “el pago” de Sánchez a los independentistas para conseguir su apoyo en la moción de censura.
El PP, que va a utilizar su amplia mayoría parlamentaria, no tardó ni dos horas en registrar en el Congreso una petición de comparecencia del nuevo presidente del Gobierno para explicar sus primeras decisiones. Así como sus “pactos ocultos” con los partidos independentistas y Podemos. “La primera medida del Gobierno de Sánchez empieza a desnudar los acuerdos secretos que adoptó con los independentistas del PDECat y ERC para llegar a la Moncloa. Preocupante”, declaró el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando.
Ciudadanos también registró una petición de comparecencia de Sánchez para que exponga ante el Congreso su plan de gobierno. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, avisó a Sánchez de que a partir de ahora si la Generalitat puede volver a destinar dinero público al proceso independentista, el responsable será él. “Sánchez, en su primera decisión, paga una de las hipotecas de su pacto con los separatistas y levanta el control de las cuentas en Catalunya. Será suya la responsabilidad de lo que Torra destine a reactivar el proceso contra nuestra democracia”, denunció el líder de Ciudadanos.