Diálogo sin interlocutores
Desde la investidura de Pedro Sánchez y la toma de posesión de su Gobierno los días 2 y 7 de junio, tras la moción de censura a Mariano Rajoy por los casos de corrupción, y la toma de posesión de Quim Torra, el pasado 17 de mayo, y sus consellers efectivos, el 2 de junio, se ha abierto un nuevo escenario en el que la palabra diálogo para abordar el denominado problema catalán parece triunfar.
Así lo han expresado tanto el séptimo jefe del Gobierno español desde la Constitución, Pedro Sánchez, como el décimo presidente de la Generalitat moderna, Quim Torra.
Intentar superar el antagonismo Madrid-Barcelona sobre la base del diálogo parece lo mejor, pero tenemos la obligación de preguntarnos si este diálogo va a resultar posible teniendo en cuenta las posiciones de partida que existen.
Sánchez ha dicho repetidamente que para él y su partido es fundamental el respeto al orden constitucional, que pasa, en primer lugar, por salvaguardar la integridad de España, rechazando los separatismos. Los ministros catalanes Josep Borrell y Meritxell Batet así lo corroboran.
Torra quiere un diálogo “sin líneas rojas”, pero no se cansa de repetir que el objetivo de su acción será conseguir la independencia de Catalunya en forma de república recuperando, además, las leyes declaradas inconstitucionales por los tribunales. Los símbolos del independentismo exhibidos en el propio balcón del Palau de la Generalitat y el contenido de las declaraciones del president y de sus nuevos consellers en diferentes momentos evidencian que la posición del equipo Torra está radicalizada hacia una hipotética independencia
Hablar sería positivo, pero el nuevo Gobierno español y el catalán mantienen posiciones de partida irreconciliables
pese a no contar con un soporte social importante.
Con esto ya vemos que los interlocutores del diálogo mantienen posiciones irreconciliables y, por si fuera poco, hay divergencias notables respecto a temas tales como los presos políticos por ideología/políticos presos por haber desobedecido las leyes, la dura línea de la CUP de desarrollar la república desobedeciendo las instituciones y leyes del Estado, la amenaza de una movilización permanente de la calle y el apoyo a la acción de los CDR o la exigencia de que se reconozca el derecho a la autodeterminación de Catalunya a pesar de no cumplirse los requisitos que para ello exigen las Naciones Unidas, así como el apoyo a la creación de un reformulado Diplocat para impulsar el independentismo desde el exterior o el apoyo a crear un consejo para la república para internacionalitzar el procés, presidido por Carles Puigdemont y al margen, incluso, del Parlament de Catalunya.
Sería positivo que hubiera diálogo para evitar que la sociedad catalana siga partida en dos, que las empresas se marchen y que haya enfrentamientos callejeros, en las playas y hasta en las familias, pero para que haya diálogo se necesitan interlocutores que estén en la misma longitud de onda, y este no es, desgraciadamente, nuestro caso. Confiemos en que esto cambie lo antes posible.