Colau quiere obligar a los promotores a construir pisos sociales
La alcaldesa intenta que el 30% de los nuevos edificios se destine a vivienda pública
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere obligar a los promotores que construyan o rehabiliten edificios en la ciudad a reservar un 30% para vivienda social. La iniciativa es calcada a una propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La alcaldesa Ada Colau obligará a los promotores de vivienda que construyan obra nueva o realicen una gran rehabilitación en Barcelona a destinar el 30% del edificio a vivienda social. Se trata de una propuesta del equipo de gobierno que se llevará al pleno municipal de final de mes y que amenaza con una dura batalla judicial entre promotores y Ayuntamiento de mayores consecuencias legales incluso que las del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que ha sido objeto de más de un centenar de recursos.
La iniciativa plantea dos modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM) que necesitarán del acuerdo de los grupos municipales para poder aprobarse de manera inicial. Una de ellas establece las bases para obligar a los promotores privados a contribuir a la creación de vivienda social. La otra prevé ampliar el derecho de tanteo y retracto a toda la ciudad, de manera que la administración tendrá preferencia en la adquisición de fincas en todas las operaciones de compraventa.
Esta propuesta es calcada a una exigencia lanzada hace unos meses por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que reclamó al Ayuntamiento aplicar este porcentaje –el 30%– de obligación a los promotores para ampliar el parque público de vivienda. Ada Colau, que en febrero fichó como asesor a uno de los portavoces de la PAH, Carlos Macías, buscaría así contentar a esta entidad de la que formó parte como activista y que en más de una ocasión ha criticado abiertamente sus políticas de vivienda.
Sin embargo, el proyecto de modificación urbana, que el gobierno de BComú ha fraguado en el más absoluto secreto y sin contar con la patronal y otros agentes implicados, ha soliviantado al sector, que advierte de los peligrosos efectos que puede ocasionar esta medida. Entre ellos citan el riesgo de paralizar la actividad inmobiliaria en un momento de recuperación y la con- siguiente batalla judicial para anular estos planes.
El documento, elaborado por los técnicos municipales en colaboración con Barcelona Regional, se ha trasladado a los grupos municipales para iniciar conversaciones e intentar avanzar hoy en una reunión hacia su aprobación en la comisión de Urbanismo de la semana que viene. Una vez superado este trámite, si es que se consigue salvar el primer escollo, la propuesta será discutida en el pleno. Aun así le esperaría un largo camino antes de que pudiera entrar en vigor.
La modificación afectará a las actuaciones de nueva construcción o gran rehabilitación que tengan un techo urbanístico de vivienda superior a 600 m2, en la práctica la gran mayoría de las promociones inmobiliarias de la ciudad. Estas, según reza en el documento, estarán obligadas a “destinar un mínimo del 30% de este techo a pisos de protección pública”. Estos pueden ser en régimen general de venta o alquiler y deberán estar situados en el mismo edificio, por lo que los promotores no podrán trasladar la edificabilidad de la vivienda protegida a fincas contiguas o cercanas. Si la propuesta de los comunes sigue adelante y supera todos los trámites administrativos, sería habitual en la ciudad que viviendas de lujo convivieran con pisos protegidos en una misma escalera.
La escasez de oferta de suelo en una Barcelona limitada por el litoral y Collserola y el incremento de transacciones de fincas enteras para convertirlas en viviendas de lujo han llevado a los responsables municipales a incluir las reformas de edificios en el documento de modi-
LA MODIFICACIÓN El derecho de tanteo y retracto se ampliará para poder ejercerlo en toda la ciudad
CON CARÁCTER RETROACTIVO Fincas y solares sin licencia adquiridas en el 2016 también deberían cumplir esta obligación
ficación urbanística. El Ayuntamiento mete en el mismo saco de las grandes rehabilitaciones las obras que comporten un incremento de techo o volumen edificado, un aumento del número de viviendas, un cambio de uso principal de la finca o una redistribución general del edificio con modificaciones de elementos comunes. También la sustitución del edificio aunque se mantenga la fachada.
De la exigencia de destinar el 30% del inmueble a vivienda social quedarían exentas las fincas adquiridas desde junio del 2016 y que hubieran solicitado una licencia de obras con anterioridad a la aprobación inicial de la modificación de PGM, previsiblemente este mes. El documento también establece que cada seis años se pueda revisar el resultado de la medida para evaluar sus resultados y “actualizar los términos de la obligación”.
La otra modificación de PGM que está ultimando el ejecutivo local prevé ampliar a toda Barcelona el derecho de tanteo y retracto –una figura recogida en la ley de la Vivienda catalana– en la venta de edificios de uso residencial, pisos y solares. Hasta el momento en la ciudad sólo se había utilizado este mecanismo en el 2011 en el área de conservación y rehabilitación de las calles Sant Ramon y Robador. Posteriormente se amplió a 47 fincas del entorno para evitar la compraventa de edificios. En el caso de Ciutat Vella, el Ayuntamiento pretendía aumentar el parque público en una zona degradada y evitar que los pisos se utilicen para otros fines que no sean los de vivienda, como el turístico o la prostitución. Otro peligro que acecha a estas residencias son los narcopisos, viviendas por regla general ocupadas en las que se trafica con drogas.
Caso de aplicarse la medida a todo el conjunto de la ciudad, el Ayuntamiento se reservaría el derecho prioritario a adquirir la finca si esta se pusiera a la venta. Esta figura ya se aplica a las transacciones de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y que son propiedad de grandes tenedores como son las entidades bancarias.
Sin embargo, las novedades en política de vivienda que pretende introducir BComú un año antes de las elecciones no acaban aquí. El Ayuntamiento pretende también establecer un plazo de dos años como máximo para obligar a los promotores a edificar solares y edificios declarados en ruina y de tres años si son fruto de una reparcelación. El documento invoca una ley de 1956 que declara, sin establecer plazos, que cuando se supera el plazo máximo de edificación –es decir, cuando no se construye– se produce una retención especulativa del suelo. El Ayuntamiento revisa dicha norma y quiere establecer un plazo de dos o tres años para empezar a construir. En el caso de no hacerlo, la administración se reservaría el derecho de “expropiación o venta forzosa” del solar o finca, así como el de iniciar por su cuenta las obras –sustitución forzosa– y después pagar al promotor su coste mediante viviendas construidas.
La propuesta de BComú que obliga al sector privado a contribuir en la creación de un gran parque público de vivienda llega en un momento en el que la labor de la alcaldesa en este campo está en entredicho. Las situaciones de ocupación, sobre todo en el Raval, la falta de empuje de la iniciativa municipal en la construcción de vivienda pública y la subida de los precios de los alquileres –un fenómeno que no se puede achacar a la labor municipal– son las principales críticas que esgrimen partidos de la oposición y entidades en sus críticas a Colau.
LA ACTUALIZACIÓN
El documento establece una revisión cada seis años de esta obligación de los promotores