Dietas en discusión
El Parlament no se pone de acuerdo para pagar las dietas a los políticos que están presos o en el extranjero.
La Mesa del Parlament ha pedido que los letrados de la Cámara analicen si Carles Puigdemont y los diputados en prisión preventiva tienen derecho a cobrar dietas. Junts per Catalunya quiere que sus diputados encarcelados o en el extranjero –Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y el expresident– perciban este complemento igual que el resto de parlamentarios, pero la Mesa decidió ayer consultar a los servicios jurídicos antes de tomar una decisión a iniciativa del presidente del Parlament, Roger Torrent. Según el reglamento de la institución, los diputados pueden cobrar entre 20.000 y 28.000 euros anuales por desplazamiento.
Los diputados de ERC en prisión tampoco percibieron este dinero el mes pasado y, aunque el partido no renuncia a que lo cobren y considera que están en su derecho, prefieren no seguir la línea de JxCat y esperar a averiguar por qué les han retirado las dietas, explicó la portavoz republicana en el Parlament, Anna Caula.
Desde la oposición, Ciutadans se opone a que estos diputados cobren ese dinero, mientras que el PSC prefiere conocer antes la opinión de los letrados porque “existen argumentos tanto a favor como en contra”, subrayó el diputado Ferran Pedret.
Mientras que la decisión de pedir el criterio de los letrados se tomó por unanimidad, los miembros de la Mesa volvieron a discutir a raíz de la denuncia por prevaricación presentada en nombre del Parlament contra el juez Pablo Llarena, que ha quedado archivada. Cs, PSC y los comunes lamentaron que Torrent no esperase a tener un informe jurídico previo que, según ellos, el órgano acordó solicitar, y lo acusaron de actuar unilateralmente. El vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (Cs), acusó a Torrent de engañar sobre el procedimiento para poner la denuncia. Torrent explicó, en cambio, que recibió asesoramiento de los letrados y que el redactado de la denuncia fue obra de su gabinete, versión que corroboraron los servicios jurídicos.
La oposición carga contra Torrent por presentar la denuncia a Llarena, que ha quedado archivada