El alza de precios planea sobre la obligación del 30% de pisos sociales
La alcaldesa Colau advierte a los promotores que su beneficio “debe ser limitado”
La patronal de los promotores, colegios profesionales e inmobiliarias alertan de una subida inevitable del precio de la vivienda de obra nueva para compensar las pérdidas económicas que sufrirán si el plan de la alcaldesa Ada Colau sigue adelante, una vez superada la aprobación inicial. La modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que obligará a destinar el 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda social mantiene en vilo a un sector que advierte de la paralización de la actividad y reclama diálogo.
La amenaza de la suspensión inmediata de licencias se ha disipado, y se ha abierto cierta esperanza entre los profesionales y los agentes inmobiliarios de poder iniciar conversaciones con el ejecutivo local, al que critican por haber elaborado la nueva normativa en el más absoluto de los secretos. Sin embargo, y tras escuchar ayer las declaraciones de la alcaldesa Ada Colau en una entrevista en RAC1, parece que queda poco margen para la negociación. Colau expuso que “las empresas quieren tener el máximo beneficio posible”, pero advirtió que “la administración ha de decir que las ganancias han de ser limitadas”, ya que la vivienda “es un bien de primera necesidad”. “Se puede hacer negocio, pero no desorbitado”,
zanjó la alcaldesa. En este sentido, defendió la iniciativa con la que corresponsabiliza a los promotores en la contribución de vivienda asequible y alegó haber mantenido reuniones con el sector inmobiliario para abordar la problemática de la vivienda, negando así la atribuida falta de diálogo. Esos encuentros, no obstante, son anteriores, no se han producido con motivo de la nueva norma que ha caído como un jarro de agua fría en el sector inmobiliario.
“Nosotros aún no hemos visto el texto”, lamentó ayer el presidente de la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, a la vez que aseguró que su entidad está dispuesta a “colaborar, participar, hacer aportaciones y matices”, como lo ha hecho en otras ocasiones. Marsà señaló que el proyecto incumple normativas autonómicas y estatales que son de rango superior y reclamó que la problemática de la vivienda se enfoque de forma metropolitana. Días atrás, la APCE ya advirtió de una posible subida de precios si se aplica la norma, un temor en el que ayer incidió el director general del Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC), Francisco Diéguez, que alertó de que los constructores podrían incrementar los precios de las viviendas libres “para compensar las pérdidas”. Diéguez, que reconoció que Barcelona sufre un problema habitacional, apuntó que una de las principales incógnitas que no ha tenido en cuenta el Ayuntamiento es saber si el “mercado aguantará”.
Por su parte, Ignasi Busquet, socio de Busquet Gálvez, lamentó la incertidumbre y vaticinó una paralización del sector. “A medio y largo plazo el mercado de vivienda de promoción será cero. Será difícil vender edificios para rehabilitar y suelos dentro de Barcelona”, añadió. y se mostró convencido también de una posible subida de precios. “Somos los primeros en apoyar la vivienda social, pero una cosa diferente es cargarte un mercado”, sentenció.
La esperanza para algunos de los actores del sector inmobiliario de la ciudad es la comisión que se aprobó también ayer a instancias del PSC, que si bien dio su voto favorable a los futuros cambios de normativa, no llegó a firmar el convenio propuesto por las entidades impulsoras de la moción, Lloguer Públic Barcelona, que establece un calendario de aprobación de la normativa y que vincula el voto inicial favorable de los partidos firmantes a la aprobación definitiva (sí lo suscribieron BComú y ERC).
La comisión de estudio, que fue aprobada por unanimidad, abre la puerta a que patronales, colegios profesionales y entidades de la construcción y el inmobiliario puedan debatir la futura norma para llegar a consensos con todos los agentes implicados. Y el sector lo que pide es básicamente diálogo. “Ha sido importante que se haya buscado el apoyo de otros grupos políticos”, manifestó la decana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig, que espera
LA NECESIDAD DE DEBATIR
El sector inmobiliario celebra la creación de la comisión porque puede favorecer el diálogo
participar en la comisión y trabajar en el desarrollo de la medida. “Si el promotor quiere tener los mismos beneficios, ha de subir el precio. Pero se tiene que ver si hay mercado para subir esos precios o puede haber otros beneficios”. añadió. En este sentido, Puig insistió en la necesidad de complementar la iniciativa con más estudios, datos, reflexión, debate y diálogo.