El destope de la cotización máxima aterriza en la mesa del pacto de Toledo
La negociación sobre la aplicación del IPC en las pensiones se aparca un mes
Además de constatar que las posiciones sobre cómo aplicar la revalorización según el IPC siguen enfrentadas, la comisión del Pacto de Toledo también reveló ayer divergencias en otras cuestiones, como el destope de la cotización máxima a la Seguridad Social. Esta medida para contribuir a engrosar los ingresos del sistema público de pensiones –planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes por la noche– no fue recibida con unidad por los partidos parlamentarios.
El destope de la cotización máxima supondría elevar las cuotas de la Seguridad Social (tanto para el trabajador como para el empresario) más allá del umbral establecido actualmente en el salario anual, de poco más de 45.000 euros. A partir de esa cifra, ya no se aplica el tipo por contingencias comunes, que está situado en el 28,3% (23,6% para los empresarios y un 4,7% a cargo de los empleados). La mayoría de los partidos avisaron que, de elevarse este tope o incluso levantarse, hay que tocar también la cuantía máxima de las pensiones (actualmente, en 2.580 euros mensuales). Sin embargo, Podemos apoyó abiertamente modificar el máximo de cotización “para que los sueldos altos participen más” en los ingresos de la Seguridad Social, pero sin elevar la pensión más alta. Su portavoz, Aina Vidal, aseguró que sería “negativo” para las arcas del sistema.
En cambio, formaciones como el PP o PDECat avisaron que este tipo de cambio en las cotizaciones tiene que estar aparejado con mejoras en las pensiones más elevadas y, por tanto, puede mermar el incremento estimado de ingresos. Gerardo Camps (PP) recordó que ya hay una diferencia de más de 20 puntos entre el nivel máximo de cotización y la prestación por jubilación más altas a percibir. Y opinó que, si suben las cuotas, se corre el riesgo de pasar “de un sistema contributivo a uno confiscatorio”. Mientras, la diputada socialista Mercè Perea se limitó a señalar que, como otras fuentes de ingresos, el destope de las cotizaciones es una cuestión “abierta” en el pacto de Toledo. Esta medida suscita un rechazo frontal en la patronal, que argumenta que “España está a la cabeza en cotizaciones sociales en Europa”. Además considera que puede ser un “desincentivo” para la creación de empleo. Un informe de CC.OO. del 2017 señalaba que hay 1,46 millones de trabajadores cuyo salario supera los 45.000 euros. Además, estimaban un aumento de los ingresos del sistema de hasta 8.600 millones de euros, en el caso de no aplicar topes a la cotización.
En cuanto a la revalorización de las pensiones, ayer se mantuvieron dos bloques: PSOE, Podemos y Compromís reclaman ceñirse a la referencia el IPC, mientras que PP, Cs, PDECat y PNV consideran que también hay que tener en cuenta el ciclo económico y, en épocas de crisis, se inclinan por blindar con los precios sólo las pensiones más bajas. Ante esta situación de bloqueo, y a la espera de que el PP cuente con un nuevo líder y la nueva ministra de Trabajo comparezca para adelantar su visión sobre el futuro de la Seguridad Social, el debate de la polémica recomendación número dos queda aparcado, al menos por un mes. La ministra Magdalena Valerio acudirá a la comisión en el primer trimestre de julio. Ayer, al igual que otros portavoces, el diputado Carles Campuzano (PDECat) se quejaba de que la discusión sobre la revalorización haya impedido tratar otros “debates más importantes, como la separación de fuentes de financiación o la revisión integral de la pensión de viudedad”.