Estrasburgo censura las prácticas de la banca española durante la crisis
El Europarlamento denuncia el uso que hizo de preferentes y cláusulas suelo
El Parlamento Europeo saca los colores a la banca española por sus prácticas durante la crisis financiera. Las críticas se centran en dos de las actividades abusivas que perjudicaron a más clientes, las participaciones preferentes y las cláusulas suelo incluidas en las hipotecas. Dos praxis analizadas y duramente criticadas en la batería de informes encargados a expertos que ayer fueron presentados en la Comisión de Economía del europarlamento.
Entre los muchos perjudicados que dejó la crisis se cuentan los que perdieron sus inversiones por haber comprado sin saberlo productos de alto riesgo como los híbridos bautizados con el engañoso nombre de “preferentes”. Se trata de un producto perpetuo, sin vencimiento y con rentabilidad no garantizada. Son instrumentos financieros creados en 1998 en un paraíso fiscal, las Islas Caimán, y que en España vivieron su momento álgido a partir de la quiebra de Lehman Brothers en el 2008, cuando muchas instituciones bancarias las utilizaron para aumentar sus provisiones de capital. En el caso de algunas cajas de ahorro, era “cuestión de vida o muerte” recurrir a las preferentes, dado que era su única vía para aumentar el capital. Esto provocó que hubiera una “presión muy fuerte sobre los empleados” para conseguir colocar las preferentes, usando “tácticas de venta agresivas”. Estrategias que dieron sus frutos. Entre 1998 y el 2012, hubo más de un millón de inversores minoritarios que compraron preferentes por sólo 50.000 inversores cualificados. Cuando llegó el momento de rescatar las entidades financieras, los que tenían preferentes sufrieron grandes pérdidas. El informe culpa a “las violaciones sistemáticas de sus deberes que cometieron las instituciones financieras”.
El segundo gran escándalo que se denuncia son las cláusulas suelo de las hipotecas. En España fue donde más extendida estuvo esta práctica. Un tercio de los créditos firmados en el 2010 incluía una cláusula de este tipo. “Es un fraude masivo que provocó más de un millón de demandas reclamando el retorno de las cantidades indebidamente cargados por los bancos”. El informe denuncia como a pesar de que “es un caso de mala práctica de importancia sistémica con miles de sentencias judiciales, no se impusieron multas a las instituciones financieras”. Para ser exactos, sólo una cooperativa de crédito recibió una multa de 150.000 euros. En la audiencia pública en que se presentaron los informes, Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV, y uno de los que más presionaron para su elaboración, puso de manifiesto “la falta de voluntad del Banco de España de sancionar a entidades que vendieron hipotecas de forma fraudulenta”. El Banco de España focalizó sus esfuerzos en proteger la estabilidad de las entidades bancarias, dado el efecto que estas malas prácticas tenían en sus balances. Y en esa estrategia olvidó al cliente, justo lo contrario que recomienda el informe: “Los bancos tienen que priorizar el interés del cliente cuando venden hipotecas”.
Según un informe, “a pesar de ser una mala práctica sistémica no se impusieron multas a los bancos”