La reforma de la LAU
Estos últimos días se ha puesto de manifiesto de forma muy evidente la necesidad de llevar a cabo una reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), una evidencia que responde a una voluntad común de todos los operadores que intervienen en el mercado inmobiliario. El nivel de precios que están alcanzando los alquileres no es asumible para muchas familias y, desde luego, menos aún para los jóvenes que consiguen incorporarse al mercado laboral. La situación corre el riesgo de volver a generar una burbuja inmobiliaria, si no la está causando ya, derivando al ciudadano hacia la compra de una vivienda, en lugar de optar por el alquiler, porque el precio de este sea tan inasumible que valga más la pena endeudarse (o hasta sobreendeudarse) con una hipoteca.
Una de las causas más evidentes de esta situación está en la reforma que esa ley tuvo en el año 2013, reduciendo de cinco a tres años la duración mínima garantizada de los contratos de arrendamiento destinados a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Además, pasó de prever una prórroga de hasta tres años a establecerla de tan sólo un año. Esa reforma no ha alcanzado la finalidad que pretendía (incentivar el mercado del alquiler), pero, además, el nuevo plazo de duración mínima ha precarizado el mercado arrendaticio de viviendas, con una duración insuficiente para que el domicilio familiar tenga la mínima estabilidad necesaria, dejándolo a merced del mercado y poniendo en riesgo el núcleo esencial del derecho constitucional a una vivienda digna, que consiste no sólo en el derecho a acceder a una vivienda sino también en el derecho a permanecer en ella.
La abogacía catalana, preocupada por esta situación, ha elaborado una propuesta que espera que sea tomada en cuenta por
Confío en que se modifique la ley para permitir un alquiler de viviendas estable y asequible para todos
los grupos parlamentarios cuando comience a debatirse la reforma de la ley. La propuesta pasa, en primer lugar, por que la duración mínima de los contratos sea de seis años y su posible prórroga, de hasta cuatro. También garantiza que la actualización de la renta (durante la prórroga) sea la pactada o, en su defecto, el IPC; y limita las garantías adicionales que se establecen con la fianza al firmar el contrato.
Asimismo, planteamos una serie de incentivos fiscales para que los propietarios incrementen la oferta de viviendas en el mercado del alquiler: reducciones en el IRPF respecto a los rendimientos que obtengan de hasta un 100% en determinadas rentas, determinación de que ese rendimiento se tribute sólo cuando se cobre efectivamente y la ampliación del tipo reducido de IVA (del 10%) a la realización de obras de renovación y reparación a las viviendas destinadas a alquiler. Esperamos que esas propuestas sean estudiadas y debatidas y, en todo caso, que la ley se modifique para permitir en adelante un alquiler de viviendas estable y asequible para todos, en garantía de un derecho tan esencial como es el de la vivienda.