Un testigo explica cómo era el máster de Cifuentes: “Yo no hice ni el huevo”
El exconcejal Pedro Calvo obtuvo sobresalientes pese a que no siguió el curso
En los procedimientos penales aparecen a veces testigos impagables. Por la fuerza descriptiva de sus declaraciones. Uno de ellos compareció ayer ante el juzgado de instrucción –el 51 de Madrid– que investiga las presuntas irregularidades detectadas en el máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, el curso que supuestamente siguió la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. Interrogado sobre la naturaleza de tales estudios y el grado de dedicación que le exigieron, el citado testigo, que era el concejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo, integrante del equipo del entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, manifestó en un alarde de sinceridad: “Yo no hice ni el huevo”.
La declaración de Calvo se explica mejor si se tiene en cuenta que utilizó tan gráfica expresión después de que la juez encargada del caso, Carmen Rodríguez-Medel, le exhibiera la relación de las calificaciones obtenidas por el testigo en el máster, de acuerdo con su expediente. A la vista de sus propias notas, el exconcejal se quedó atónito, porque sin haber abierto un libro ni haber acudido jamás a clase, tenía varios sobresalientes.
Tan perplejo se quedó el testigo que cuando la magistrada le pidió explicaciones sobre sus métodos de estudio para tan brillantes resultados, a Pedro Calvo no se le ocurrió otra cosa que decirle que “las explicaciones me las tienen que dar a mí”. Y es que el exconcejal madrileño no tuvo ningún reparo en admitir que no dedicó ni un minuto al máster, por lo que reconoció ante la juez que no hallaba razón alguna por la que hubieran podido distinguirle con calificaciones tan destacadas.
La versión del exconcejal es que se matriculó en el curso porque lo creía útil para otro posterior de doctorado, pero que luego se dio cuenta de que sus obligaciones como concejal de seguridad ciudadana no le dejaban tiempo para atender a la obtención del máster. Y ya había olvidado el episodio, pensando que le habrían dado por no presentado, cuando ayer se enteró de que con su ausencia había logrado distinguirse como alumno.
Eso sí, Calvo pagó religiosamente su matrícula de 1.500 euros por el máster que no cursó. Y no fue el único en vivir tan singulares experiencias, porque otro testigo citado ayer, Dionisio Ramos, exgerente de la Universidad Complutense de Madrid, también explicó su “sorpresa” al comprobar que se le convalidaron unas asignaturas y se le calificaron generosamente otras, porque al igual que Calvo nunca llegó a seguir el máster, pese a haberse matriculado en él. Al menos otros tres testigos dieron ayer versiones similares, al no hallar justificación alguna a la convalidación de asignaturas que se les había realizado, pese a que en su momento abandonaron el curso.
Si en sede judicial la investigación avanza entre estas penosas comprobaciones, en sede política los debates en torno a los másters de la Universidad Rey Juan Carlos tampoco resultan muy clarificadores. Ayer, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid se trató el asunto entre descalificaciones y en un ambiente de tensión.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, interpeló al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, a quien reprochó que, cuando se estaban poniendo en cuestión las explicaciones de su antecesora, Cristina Cifuentes, sobre la obtención de su máster, actuara como “fiel escudero” y calificara de “psicópata” al profesor Salvador Perelló, supuesto filtrador de la información del caso. A lo que Garrido respondió que el máster que tiene Aguado es el de “oportunismo” político. Finalmente conciliador, Garrido acabó proponiendo un insólito acto de conciliación al portavoz de Ciudadanos, a quien invitó a aceptar “una cocacola y tan amigos”.
Menos suerte han tenido los periodistas de Eldiario.es que revelaron las supuestas irregularidades
Los periodistas que denunciaron las irregularidades, citados por supuesta revelación de secretos
del máster, ya que ayer fueron citados como investigados por el juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Se trata del director, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, contra quienes la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes presentó una querella por el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Un tuit de Escolar anticipaba ayer: “Si somos condenados por hacer nuestro trabajo, será una medalla profesional”.