Libertad provisional para ‘La Manada’
LA decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de conceder la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco integrantes del grupo conocido como La Manada responde a discutibles criterios jurídicos que generan incomprensión e indignación entre la opinión pública. En este caso, la ley parece haberse alejado de las inquietudes y las preocupaciones de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, que ven en la citada decisión un mensaje de menosprecio y desprotección legal ante el riesgo de abusos y agresiones sexuales.
Los cinco miembros de La Manada llevan casi dos años en prisión provisional. Su condena a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales con prevalimiento en los Sanfermines del 2016 no es todavía firme, ya que hay recursos en marcha ante el Tribunal Supremo, y la prisión provisional es una medida cautelar que no suele prolongarse más de dos años si no hay riesgo de destrucción de pruebas, de fuga o de reiteración delictiva. Pese a ser ello discutible, así lo han entendido ahora dos de los tres magistrados del tribunal, ya que el presidente de este, que había abogado sin éxito por la prórroga de la prisión provisional sin condiciones, presentó un voto discrepante.
Las medidas cautelares que se imponen a los miembros de La Manada incluyen la obligación de comparecer tres días a la semana en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia, que es Sevilla; se les prohíbe entrar en la Comunidad de Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella; se les retirará el pasaporte, y se les veta la salida del territorio nacional sin autorización judicial.
La reciente condena de los cinco miembros de La Manada por abusos sexuales, y no por agresión sexual, como hubiera correspondido a la brutal violación grupal de que fue objeto la víctima, desencadenó una ola de protestas en las calles y de indignación popular. Ello puede volver a repetirse ahora ante la libertad provisional que se ha concedido a los condenados. Para hoy los colectivos y las organizaciones feministas han convocado una jornada de movilizaciones en todo el país con el objeto de protestar contra un sistema judicial que, a la vista de los hechos, parece dar la impresión de amparar a los violadores y desproteger a las mujeres. La citada decisión judicial, como hemos dicho, por más que se ajuste a la ley, no es entendida ni compartidaporlasociedad.Elvotodiscrepantedelpresidente de la Audiencia Provincial de Navarra demuestra que existía la alternativa, también legal, de mantener en prisión a los cinco miembros de La Manada, cuya puesta en libertad provisional hasta que haya sentencia firme crea una comprensible inquietud social.