Vivienda social

El Ayuntamiento de Barcelona, de la mano de su alcaldesa, pretende imponer una normativa, que no es de su incumbencia, para que la vivienda social sea una obligación del 30% en todas las nuevas promociones o reformas que superen los 600 m2 de superficie.

Está claro que ese tipo de vivienda en estos momentos es muy necesario y debe buscarse la manera de que los promotores puedan llevarlas a cabo y las personas que las necesiten puedan acceder a ellas en las mejores condiciones posibles. No obstante, lo que no se puede pretender es poner en marcha nuevos proyectos de forma que en un mismo ambiente se mezclen precios y calidades dispares, pues la buena lógica hace ver que no puede ni debe ser así.

Con la aplicación a rajatabla de esta norma, lo único que se va a conseguir es aumentar el precio de la vivienda, frenar las iniciativas de los promotores, ahuyentar a los inversores y aumentar las pérdidas de empleos en el sector.

Los populismos deben medirse muy bien, pues de lo contrario lo que quiere ser bueno se puede convertir en un bumerán de difícil control.

J.L. MORILLO DE LA TORRE Suscriptor

Barcelona