El juez rechaza por ahora procesar a Rato por comisiones en Bankia
Anticorrupción cuantifica en 835.000 euros lo cobrado por contratos publicitarios
Salvado, de momento, por la campana. En esta situación quedó ayer el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a quien la Fiscalía Anticorrupción pedía que se le juzgue ya por un presunto delito de corrupción entre particulares, en relación con contratos publicitarios de Bankia, por los que habría percibido ilícitamente comisiones cifradas en 835.024 euros. La campana que salvó a Rato la hizo sonar el juez Antonio Serrano-Artal, quien rechazó sentarle ahora en el banquillo con el argumento de que dichas comisiones están vinculadas a otros supuestos delitos económicos de los que también está acusado Rato.
El magistrado considera que lo procedente es no desgajar este asunto del resto de presuntas irregularidades que se le imputan al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que en su día habría que juzgarle conjuntamente por todas ellas. La victoria procesal conseguida por Rato es, por tanto, muy relativa, porque la maquinaria judicial no sólo no se detiene, sino que de la mano del juez Serrano-Artal están tomando cuerpo diversas imputaciones que incluyen supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
En un escrito fechado el pasado día 4 y al que La Vanguardia ha tenido acceso, la fiscal de la Fiscalía Anticorrupción Elena Lorente solicitaba que el magistrado continúe el trámite de procedimiento abreviado de esta pieza separada de la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato por los contratos de publicidad firmados entre los años 2011 y 2012 y de los que cobró “comisiones carentes de justificación” a través de su sociedad Kradonara.
Según el relato de los hechos de la fiscal, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se sirvió “de íntimos colaboradores” tales como Miguel Ángel Montero, a quien introdujo en la entidad como asesor externo, su secretaria personal, y su amigo y “hombre de confianza” José Manuel Fernández Norniella, entonces vicepresidente y consejero de Bankia. “Todos ellos –sostiene la fiscal- constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato”. El escrito de Anticorrupción precisa a continuación que Kradonara ingresó comisiones enmascaradas como prestación de servicios de 474.000 euros en el ejercicio de 2011 y 360.608 en 2012.
Por ello solicita que se procese, además de a Rato y estas tres personas, a Alberto Portuondo que formaba parte del equipo de Rato a su llegada a Caja Madrid en 2010; a Domingo Plazas, asesor y gestor de Rato; a Miguel Robledo, responsable de comunicación externa en Bankia; a Beatriz Colomer, mano derecha de Portuondo y a ocho altos cargos de las empresas de publicidad contratadas por Bankia.
El juez, sin embargo, ha contestado a la fiscal que si bien la instrucción de esta pieza se encuentra prácticamente terminada, el delito de corrupción en los negocios se encuentra íntimamente relacionado con la comisión de otros contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, cuya instrucción aún continúa, lo que hace aconsejable que se juzgue de forma conjunta.
A título de ejemplo, un informe de la Unidad de Apoyo de la Administración del Estado a la Fiscalía Anticorrupción, estima con respecto a uno de los contratos publicitarios firmado el 1 de febrero de 2011 que no se siguió ningún procedimiento previo dentro de Bankia para la selección de la adjudicación. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que este contrato debería haberlo autorizado el
NO SEGMENTAR El juez considera que lo procedente es no desgajar las presuntas irregularidades GRUPO DE PRESIÓN Rato utilizó a varios colaboradores que actuaron como un grupo de presión interno
consejo de administración de la entidad que presidía Rodrigo Rato y por ello le señala como responsable de la operativa, que tampoco contó con la autorización de ninguno de los órganos de Bankia relativos a inversión y gasto.
La sociedad propiedad de Portuondo se hizo con una comisión cercana al 2 por ciento y al 13 por ciento de lo que las empresas de publicidad cobraron a Bankia por estos dos contratos (de 43 millones de euros el primero y 9 millones de euros y el segundo), por lo que las comisiones ascienden a 2 millones de euros. El contrato firmado entre la empresa de Portuondo y Kradonara “expresa una causa falsa” en tanto dichos servicios no se han prestado, y oculta su “verdadera” intención, que es que el expresidente de Bankia cobrara 835.024,64 euros de esas dos millones de euros en comisiones. “En consecuencia –concluye el informe-, ese contrato es inválido y no debe producir ningún efecto”.