Protestas por la puesta en libertad de ‘La Manada’
El tribunal les excarcela porque no tienen dinero para fugarse y porque viven lejos de la víctima
La Manada ya está en la calle. Después de la publicación ayer de la resolución completa de la Audiencia de Navarra para su puesta en libertad provisional y de que los condenados abonasen 6.000 euros de fianza cada uno, a media tarde, tres de sus miembros, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, salieron de la prisión de Pamplona mientras sus otros dos componentes, Alfonso Cabezuelo y Antonio Guerrero, salieron del centro penitenciario de Alcalá de Henares.
Los argumentos del tribunal han aumentado aún más la indignación. La pérdida del anonimato de los miembros de La Manada, su precaria situación económica o el alejamiento físico entre sus domicilios y el de la víctima son algunas de las razones con las que la sección segunda de la Audiencia de Navarra ha tumbado los riesgos de fuga y reiteración delictiva a los que hasta esta semana se había agarrado para mantener a los cinco condenados por abusos sexuales en la cárcel. El voto discrepante de uno de los tres magistrados del tribunal, por su parte, no ve garantizado que se impida la huida de la Justicia y reclama su mantenimiento en prisión para proteger a la víctima y su familia.
El rechazo a la reiteración delictiva de los magistrados Ricardo González y Raquel Bernardino es el primer punto polémico del auto de treinta páginas en el que se otorga la libertad provisional a los cinco procesados, que ayer mismo abonaron los 6.000 euros de fianza que se les requirieron para salir de prisión.
Los jueces a favor de su liberación destacan que ninguno de los condenados “cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados”, a pesar de que cuatro de ellos tienen una causa abierta en Pozoblanco (Córdoba) tras una denuncia por abusos a una joven y que está todavía pendiente de ser juzgada. La Audiencia provincial destaca, sin embargo, que “desconoce la situación en la que se encuentra la instrucción” y que “ni siquiera se ha dictado un auto de procesamiento”.
Para el tribunal, la repercusión mediática del caso y la difusión de imágenes de José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo aseguran a su vez la no reincidencia. Por encima de un posible arrepentimiento –ellos mantienen su inocencia– o un cambio apreciable en sus conductas, los magistrados apuntan al “rechazo social” contra los condenados, la “pérdida de su anonimato” y las “dificultades para desarrollar una vida normalizada” en libertad como garantías de que no se produzca dicha reiteración delictiva.
Con respecto al riesgo de fuga, el tribunal alude a que la insolvencia de los condenados –excepto el militar, Alfonso Jesús Cabezuelo– hace que “carezcan de medios para procurarse una huida eficaz”. Tampoco su entorno familiar y de amistades puede ayudarles logística o económicamente a escapar.
La decisión incide de nuevo en el reconocimiento de sus caras por la exposición mediática como un argumento más que descarta esa fuga. A su vez, explica que mantener este riesgo en base a la cuantía de las penas o la gravedad
La precaria situación económica y el alejamiento de la víctima, dos de los argumentos para la libertad
El juez que emite el voto discrepante alerta de que existe un riesgo de fuga de los condenados
de los hechos para prorrogar su estancia en prisión provisional supondría perseguir “un fin no legítimo, como sería el meramente punitivo o de anticipación de la pena”.
Por otro lado, el tribunal cree que el hecho de que el lugar de residencia de los acusados –Sevilla– se encuentre a 500 kilómetros de distancia del de la víctima –Madrid– garantiza la “tranquilidad y sosiego de ésta”, situación a la que suman las medidas cautelares impuestas a los miembros de La Manada: deben comparecer tres días a la semana –lunes, miércoles y viernes- en el juzgado de guardia más cercano a sus domicilios, se les prohíbe la entrada en la Comunidad de Madrid y no pueden comunicarse con la mujer, que en el momento del abuso tenía 18 años. Distintas voces críticas en la magistratura ven estas medidas como una condena y revictimización de la mujer, a la que se impone un “cinturón preventivo” en su propio territorio. Si saliese de él, podría encontrarse con los abusadores.
El voto particular del presidente de la Sala, José Francisco Cobo, incide precisamente en que las medidas dictadas podrían ser “ineficaces” para proteger tanto a la víctima como a sus familiares. Ante la “indiscutible gravedad del delito”, el juez considera en su escrito que es “razonable y proporcionado” que se prorrogue de manera incondicional la situación de prisión provisional, en la que los acusados permanecen desde el 7 de julio de 2016 y que puede estirarse hasta la mitad de la condena, es decir, dos años y medio más.
Cobo alerta a su vez de que las obligaciones impuestas para la libertad de los condenados no ga- rantizan que no puedan huir de la Justicia aunque sí comparte el criterio de González y Bernardino en cuanto a la reincidencia. “Ciertamente no se puede establecer ninguna presunción en contra de los procesados”, indica en relación al caso que tienen pendiente en Pozoblanco.
Por su parte, la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona anunciaron ayer que recurrirán el auto ante la “gravedad de los hechos” y al observar que sigue existiendo “riesgo de fuga y reiteración delictiva”. A pesar de admitir que la libertad provisional es ajustada a derecho y está “razonada”, desde muchos ámbitos de la judicatura se evidenció ayer la extrañeza por la salida de prisión de La Manada. Aunque el fallo dictado en abril descartara la tipificación de agresión, las penas siguen siendo altas. La sentencia, con un voto absolutorio, continúa en el ojo del huracán. Sobre los recursos presentados por todas las partes se pronunciará a finales de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Las acusaciones particulares recurren el auto, lo que no suspende la liberación
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra revisará la sentencia de abril en septiembre