Un abogado de ‘La Manada’ denuncia la difusión de datos de sus miembros
Carteles en tiendas de Sevilla invitan a rechazar la presencia de los condenados
El regreso a la vida civil de La Manada no va a ser fácil ni sencillo. Cuando José Ángel Prenda llegó a las 7 de la mañana de ayer a su casa, en el barrio de Amate de Sevilla después de salir el viernes del Centro Penitenciario de Pamplona, tenía una nube de reporteros que lo esperaba. Algo parecido ocurre con los otros condenados por la Audiencia de Navarra. Hay mucha indignación social en toda España por el caso y sus datos se han difundido por redes sociales. El abogado de cuatro de ellos, Agustín Martínez Becerra, que visitó a Prenda en su domicilio, denunció ante los medios de comunicación la difusión ilegal de esos datos personales
El abogado anunció ayer ante los periodistas que aguardaban frente al domicilio de Prenda que hará una petición judicial para que se investigue la difusión de información sobre sus defendidos, que vulnera la Ley de Protección de Datos.
Martínez Becerra aseguró también que sus defendidos no se van a esconder en sus casas de Sevilla, a pesar de la presión social. De la misma manera, advirtió que los miembros de La Manada piensan denunciar a cualquier persona que les insulte o que les impida llevar una vida normal durante su libertad provisional.
Pero el retorno a la vida civil de La Manada se topará con una fuerte contestación social contra ese regreso. Aunque en su propio barrio no hay señales de rechazo, en otros lugares de Sevilla se pueden ver carteles con sus rostros y la leyenda “soy un violador y el Estado lo permite”.
En Sevilla colectivos feministas han distribuido carteles en tiendas. En uno de ellos se establece: “En este establecimiento no atendemos a violadores. #Stopmanada. Este es un espacio seguro para las mujeres”. En otro se reclama al comerciante un rechazo explícito a La Manada: “Las mujeres no consumimos en establecimientos donde se atiende a violadores. Le invitamos a unirse a nuestra acción colocando un aviso a la entrada”.
Aunque salió a media tarde de ayer de la prisión de Pamplona, Prenda no regresó a su casa de Sevilla hasta primera hora de ayer, acompañado por otras tres personas que, como él, también llevaban capuchas. En el exterior de la casa se pudo oír el ruido propio de una celebración.
Según Becerra, dos de los miembros del grupo, Manuel Guerrero, que es guardia civil, y Alfonso Jesús Cabezuelo, que es militar, no podrán recuperar de momento sus puestos de trabajo, en espera de que exista una sentencia firme sobre el caso, pero los otros tres tienen derecho a recuperar sus puestos de trabajo en el sector privado mientras dure la libertad provisional.
Esta situación se prolongará al menos varios meses. Está previsto que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra resuelva los diferentes recursos sobre la sentencia de abril pasado hacia el mes de septiembre. Después de esa decisión judicial, el caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo si esta es recurrida de nuevo por la disconformidad de alguna de las partes. La perspectiva es que el caso de La Manada se alargará bastante más. Además, todas las acusaciones particulares han decidido recurrir la puesta en libertad de los cinco condenados.
Con este panorama, los procesados afrontan el fuerte rechazo social que han despertado, como apuntan los carteles de los grupos feministas, que podrían presionar a los negocios o las empresas que los contraten.
Todos ellos, excepto Guerrero, fueron declarados insolventes, según los argumentos del tribunal de la Audiencia de Navarra que decretó su puesta en libertad.
Otro de los factores que dificultar el retorno es el hecho de que cuatro de los condenados, José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero, están también imputados, en una pieza derivada del caso de los Sanfermines, por una supuesta agresión sexual a una joven de Pozoblanco (Córdoba) en mayo del 2016, dos meses antes de lo ocurrido en Pamplona, que todavía no se ha juzgado.
El letrado asegura que sus defendidos denunciarán a quien les insulte o les impida llevar una vida normal