Entre Madrid y Bruselas
El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con poco más de dos semanas de vida, un periodo de tiempo demasiado corto como para emitir un veredicto sobre su trayectoria, más aún en el ámbito económico. Pero es que, además, no tiene prisa. El nuevo Ejecutivo quiere estirar su mandato para cubrir los cuatro años de legislatura, hasta el 2020, en condiciones de extrema fragilidad parlamentaria, lo que obligará a exprimir los tiempos, negociar mucho y tranquilamente con todos los grupos antes de apostar por cualquier iniciativa y aprovechar todas las demoras procedimentales que permitan los reglamentos. Además, su agenda es más sólida en términos políticos que económicos, pues la primera puede concitar más apoyos parlamentarios coincidentes que la segunda, más cometida a la tensión de los intereses sectoriales, sociales y territoriales.
Garantizar la sostenibilidad de las pensiones y la mejora de la sanidad pública, manteniendo al tiempo el compromiso con Bruselas de asegurar la estabilidad presupuestaria; la modificación de la reforma laboral aprobada por el PP y el alivio de la precaria situación financiera de las comunidades autónomas, son las prioridades de referencia del nuevo Gobierno, incluso antes de su toma de posesión. Desde el lado de los críticos, especialmente los hasta hace poco gobernantes dirigentes populares, se resalta que esos objetivos son contradictorios.
La estructura del equipo de ministros económicos, dirigida por Nadia Calviño, ex alto cargo europeo y titular de Economía y presidenta de la importante Comisión delegada de Asuntos Económicos, revela la prioridad que otorga Sánchez a entenderse con la Comisión Europea que preside Jean-Claude Juncker bajo la tutela de la canciller alemana, Angela Merkel.
Pero, al final, el resultado será con seguridad una mezcla con distintas proporciones de todas las prioridades antes enunciadas. En su primera declaración pública, Calviño ha evitado garantizar que cerrará el año con un 2,2% de déficit público sobre el producto interior bruto (PIB) heredado del anterior gobierno. Una cosa es asumir, tal cual, los presupuestos generales para este año elaborados por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Rajoy, y otra obligarse a su cumplimiento hasta el último renglón, algo que probablemente no estarían en condiciones de asegurar ni sus propios autores.
De hecho, en Bruselas ya hace meses que daban por descontado que no se alcanzaría esa meta, ya siendo Rajoy presidente, y apostaban por que quedará en el 2,7%. La diferencia son más de 6.000 millones de euros.
En esta fase de tanteos previos, lo que preocupa en la Comisión es que el programa de Sánchez, especialmente en lo referente a las pensiones, amplíe aún más esa brecha. Y por ello ha comenzado a pedir al Ejecutivo español medidas adicionales de control del gasto o de aumento de los ingresos.
En la reciente reunión del Eurogrupo, tanto su presidente, el portugués Mario Centeno, como el comisario de Economía, el francés Pierre Moscovici, pidieron a Calviño más ajustes estructurales, que en teoría pueden producirse tanto reduciendo gastos como aumentando ingresos, aunque es sabido que la ortodoxia alemana siempre prefiere que sean del primer tipo.
En cambio, el Gobierno español, en sus recientes días de oposición, había expresado su preferencia por la segunda opción, la subida de impuestos, especialmente a grandes empresas y bancos. España sigue por debajo de la media europea en impuestos sobre PIB, argumentan los defensores de la medida.
Esta será la primera piedra de toque de su política económica, pues el déficit de las pensiones y la ya irrenunciable opción de revalorizarlas según el coste de la vida exigirán una solución a corto plazo. Corrigiendo parcialmente el tiro, se contempla la medida de elevar el tope máximo de cotización a la Seguridad Social, que afectaría a unos dos millones de trabajadores y que implica mayores costes del trabajo, y que si no va acompañado de una subida de la pensión máxima podría tener costes electorales.
A favor de la línea definida por Sánchez en los últimos tiempos juega la continuidad del ciclo de crecimiento y los nuevos aires en Europa, con el desgaste de las políticas de austeridad y un Banco central Europeo (BCE), con su presidente Mario Draghi como adalid, partidario de las medidas que impulsen la demanda. Entre ellas, los aumentos de salarios, pero también un nivel mínimo de las pensiones, pues sus receptores constituyen una parte determinante de la demanda de consumo.
Políticamente, una Europa en cuestión deberá tentarse mucho la ropa antes de enfrentarse a los gobiernos que plantean medidas que los gobiernos nacionales presenten como redistributivas tras más de una década de grave crisis económica.
La contrapartida a esta coyuntura política debería venir por la concreción de programas económicos que también impulsen la mejora de la productividad y que, por esta vía, absorban los costes de una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Es aquí donde los fondos europeos deberían jugar el papel clave para las economías del sur de la eurozona.
La ventaja para Sánchez es que la austeridad está desacreditada y el BCE pide estímulos a la demanda