De la tolerancia al reconocimiento
Durante años hemos construido y reconstruido, desde el catalanismo primero y el soberanismo después, el debate sobre la pedagogía necesaria para ganar las simpatías en España. Desde siempre hemos intentado ayudar a la España oficial y social, convencidos como estábamos de que el llamado “problema catalán” tenía su origen en la circunstancia de que los catalanes no habíamos hecho lo bastante para conseguir su comprensión y estima. Obsesionados en gustar y seducir, nos olvidamos de intentar entender cómo era, de verdad, esta España. Un olvido reforzado por la íntima convicción de una excelencia, competencia y modernidad nuestra, que creemos indiscutiblemente superior. Un pecado de vanidad.
Teníamos tantas ganas de ser amados que éramos incapaces de ver que los escasos gestos de tolerancia que recibíamos (constitucionalmente hablando, en cuestiones como la lengua, la autonomía política...) escondían una falta evidente de reconocimiento. El matiz no es menor. La tolerancia es poco más que una concesión que se lleva con paciencia por parte de quien la concede y que excluye la aceptación que comporta el reconocimiento.
De hecho, es imposible encontrar rastro de reconocimiento hacia nuestra realidad nacional más allá de lo que se produjo en el año 1977, con la restitución de la Generalitat republicana. La lectura de la Constitución, y sobre todo de las interpretaciones posteriores a través del despliegue legislativo y de la doctrina del Tribunal Constitucional, confirma que no sólo el reconocimiento de nuestra realidad está ausente sino que la tolerancia ha ido disminuyendo, especialmente los últimos 10 años.
La obsesión del nacionalismo español no es la unidad de España sino el unitarismo uniformado. Hay una concepción hegemónica de aquello que genéricamente la Constitución define como “nacionalidades y regiones”, que comporta la sumisión de toda realidad nacional que no se integra dentro de los cánones de la nación española. No entender eso desde el soberanismo o el catalanismo es no haber entendido nada de cómo España se ha articulado en estos últimos 40 años.
Todo eso tiene sentido ahora que se vuelve a hablar de diálogo y de reformas constitucionales. Soy un firme partidario del diálogo y la negociación. Ahora bien, toda negociación –reforma constitucional incluida– que no incorpore reconocimientos explícitos de la realidad nacional y de los derechos que se derivan (en esencia, el derecho a la bilateralidad en las relaciones con el estado central y el derecho a la autodeterminación) será una pérdida de tiempo y un dejà vu de los tiempos de la transición.
Con todos sus defectos, la propuesta de Estatut que el Parlament de Catalunya aprobó el 30 de septiembre del 2005 tenía la pretensión de un reconocimiento nacional que la concepción unitarista española siempre había negado. Aquel Estatut tenía un aroma confederalizante que era compatible con la unidad de España, pero, como se demostró, no con el unitarismo hegemónico. Y lógicamente aquella propuesta de Estatut fue
En el diálogo seremos leales al mandato del 1 de octubre: ganar el reconocimiento a decidir libremente el futuro
fulminada en el Congreso de los Diputados y, por si no había quedado claro, el Estatut resultante –aprobado por el Congreso y en referéndum en Catalunya en el 2006– fue definitivamente amputado por el Tribunal Constitucional el 2010. La tolerancia había llegado al límite.
Todas las propuestas que busquen perpetuar –con correcciones necesarias– la tolerancia como paradigma vertebrador del ordenamiento constitucional español y que renuncien al reconocimiento formal de la pluralidad nacional, con el derecho constitucional a decidir en referéndum pactado y vinculante el futuro político de Catalunya, estarán perpetuando la crisis política. Las propuestas de la llamada “tercera vía” no son más que versiones renovadas que avalan la práctica de la tolerancia desde la hegemonía unitarista y que sacrifican nuevamente el reconocimiento que una muy amplia mayoría de la sociedad catalana reclama.
Los soberanistas –los que impulsamos e hicimos posible el 1 de octubre–, los defensores de la República, no podemos más que acoger favorablemente cualquier invitación al diálogo. Lo haremos con la prudencia, e incluso con el escepticismo, de quien sufre prisión y exilio ante amenazas de penas durísimas de privación de libertad. Pero no rehuiremos el diálogo, ni si llega, la negociación política. En democracia no hay alternativa al diálogo. Pero en el diálogo seremos leales al mandato del 1 de octubre, que no es otro que ganar el reconocimiento para decidir libre y democráticamente nuestro futuro.