Puigdemont dará la batalla para seguir como diputado
La defensa del expresident no aceptará que se le suspenda
En el proceso por el caso 1-O se va a abrir pronto otra batalla de suma relevancia política y de gran interés jurídico. Es la relativa a la suspensión del expresident Puigdemont y otros cinco exmiembros de su Govern, más Jordi Sànchez, expresidente de la ANC. Todos ellos siguen siendo diputados del Parlament, pero al haber sido procesados por el delito de rebelión –procesamiento que ya tiene carácter firme, tras haber sido ratificado por la Sala de Apelaciones del Supremo–, pueden perder esa condición de parlamentarios en aplicación del artículo 384 bis del Código Penal. Y esta es la batalla que se va abrir, porque las defensas de los imputados están dispuestas a pelear a fondo para que no sean suspendidos y puedan seguir actuando como miembros de pleno derecho de la Cámara catalana.
Puigdemont y Comín están ejerciendo como diputados pese a hallarse fuera de España. El Parlament les reconoció ese derecho, al igual que a los imputados que están en prisión, una vez que el juez encargado del caso 1-O en el Supremo, Pablo Llarena, equiparó su situación a la de incapacidad, ya que están privados de libertad y no pueden acudir a las sesiones parlamentarias. Se trata del exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Rull, Turull y Romeva, además del ya citado Sànchez.
Todos ellos quedarán suspendidos en breve, si el Parlament acepta dejar entre paréntesis su condición de diputados, en función del mencionado artículo 384 bis del Código Penal. Este precepto prevé que “firme (que sea) un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.
El Supremo dirá la próxima semana cómo considera que se debe actuar para llevar a cabo la suspensión de dichos diputados. No lo ha hecho hasta ahora porque caben dudas importantes sobre qué formula se debería usar. Cabría un auto del juez Llarena, ordenando la suspensión, o una simple comunicación al Parlament. En ella se le daría cuenta a su presidente, Roger Torrent, de que el auto de procesamiento
El Supremo dirá cómo considera que se debe actuar para llevar a cabo la suspensión de dichos diputados
es firme a los efectos legalmente oportunos, dejando que sea la Cámara catalana la que extraiga las consecuencias de la situación.
El defensor de Puigdemont, el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, siempre estuvo convencido de que el artículo 384 bis del Código Penal no es de aplicación a este caso, y ahora lo va a reiterar ante el Supremo y, si es preciso, ante el Tribunal Constitucional (TC). La defensa, en suma, actuará en el ámbito jurídico, que es el que le corresponde. Cosa distinta es si el Parlament se convierte en escenario de una batalla similar a la que supuso el caso Atutxa, al negarse el presidente del Parlamento vasco a disolver el grupo de Batasuna.
En el plano jurídico, la suspensión de los diputados se recurrirá porque se estima que el 384 bis se refiere a supuestos de terrorismo, y porque choca con el reglamento del propio Parlament. AlonsoCuevillas añade a La Vanguardia que en el caso de Puigdemont y Comín ese artículo es aún más inoperante, porque no están en prisión, aunque el Supremo la haya decretado y no haya podido aplicarla porque no están en España.