Tardes de plomo
Este texto no levanta acta del final de nada, sólo deja constancia de la sensación de frustración que corona un tiempo en el que he prestado una atención casi exclusiva al problema político del encaje de Catalunya en España. Han sido más de diez años, en los que he dedicado al tema un libro y una cuarta parte de otro, así como numerosos artículos. He pronunciado todas las conferencias que me han propuesto dar sobre él y no he regateado mi participación en cuantas mesas redondas, encuentros o simposios he sido convocado tanto en Catalunya como en el resto de España. He sostenido siempre la misma tesis, que se resume en estos puntos: 1) El problema catalán es, en realidad, el problema español de la estructura territorial del Estado, es decir, del reparto del poder, que está concentrado en un núcleo político-financiero-funcionarial-mediático radicado en la capital del Estado y que, atendida la naturaleza plurinacional de España, ha de ser distribuido entre las distintas comunidades autónomas según un modelo de corte federal asimétrico. 2) La responsabilidad mayor por la no resolución de este conflicto corresponde a quien tiene más poder. 3) Este problema ha de ser afrontado con la ley como marco, la política como tarea y la palabra como instrumento. 4) Consecuentemente, hay que dialogar, pero ya no es tiempo de un diálogo informativo, ni tampoco de un diálogo dialéctico, sino que sólo cabe un diálogo transaccional en el que, mediante recíprocas concesiones, ambas partes lleguen a un acuerdo –un apaño– sobre el reconocimiento nacional, las competencias identitarias, la financiación y una consulta. 5) La ejecución de este acuerdo debe efectuarse mediante sendas reformas del Estatut de Catalunya y de la Lofca, eludiendo la reforma constitucional por su larga duración. 6) La única alternativa al pacto es el enfrentamiento, que provoca fractura social, erosión económica y pérdida de oportunidades de futuro, y que se resuelve siempre por la fuerza, sea la fuerza ritualizada de un juicio, sea la fuerza a campo abierto.
He creído durante estos años que se llegaría a un acuerdo, y que gran parte de la culpa por el fracaso de esta posibilidad era imputable al Gobierno central por su cerrazón legalista. Pero, desde septiembre pasado, he tenido que rendirme a la evidencia. Los días 6 y 7 de septiembre los nacionalistas catalanes consumaron un golpe de Estado (no hay farol que valga) mediante la aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad, y el día 27 de octubre, tras desdeñar la oportunidad de convocar elecciones y evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, consumaron su desafío al Estado mediante una declaración unilateral de independencia. Pero no es esto lo más grave. Tras las últimas elecciones, los nacionalistas radicales que siguen en el poder persisten en su cerrada opción por la vía unilateral, con constantes muestras de rechazo a la Constitución y las leyes, de desprecio a todas las instituciones, y con voluntad de injuriar y desprestigiar a España como nación, al Estado que la articula jurídicamente y a todo lo hispánico. ¿Qué buscan con ello? Es la única salida que les queda: provocar, si pueden, una reacción violenta del Estado que
No hay esperanza: los nacionalistas catalanes en el poder quieren romper la baraja del modo más estridente
aumente su clientela de agraviados y les permita presentarse como víctimas –su papel predilecto– ante la comunidad internacional. No tienen otra opción dada su imprevisión y su división interna.
Es seguro que el actual Gobierno español quiere negociar y pactar. Habría que ver con qué alcance, pero la voluntad inicial existe, y los gestos de distensión son evidentes. Pero, frente a esta predisposición y buenas formas, ¿cuál es la respuesta del presidente Torra y su Gobierno?: la apuesta por la opción maximalista (autodeterminación e independencia) y la agresión verbal y gestual a la otra parte, con pertinaz y fría voluntad de agraviar al Rey. La conclusión es obvia: aunque el presidente Sánchez ha de dar el primer paso –recibir al president Torra en el palacio de la Moncloa–, será imposible negociar con estos antecedentes. No hay esperanza: los nacionalistas catalanes en el poder quieren romper la baraja del modo más estridente posible.
Confirmado este propósito rupturista tras la primera reunión, habrá de cesar el diálogo, sin que ello sea óbice para que el Estado redoble su presencia en Catalunya mediante una política de cosas concretas que se contraponga a la atonía del Gobierno catalán. Pese a ello, el problema se enquistará y se convertirá en crónico, por lo que habrá que esperar a que, tras un número impredecible de años, las consecuencias negativas obliguen a los reacios a entrar en razón, hablar y pactar. Mientras tanto, habrá que clavar los pies en la arena y aguantar como los diestros con cuajo en las tardes de plomo. Sin una mala palabra, sin un mal gesto, sin una mala actitud. Pero con toda firmeza en la defensa de la ley, que a todos nos hace libres y a todos nos iguala, y fuera de la cual no hay libertad. Si el Estado no se respeta a sí mismo, ¿quién le respetará?