Guerra judicial en Brasil a cuenta de la excarcelación de Lula
Un juez revoca la orden anterior de otro magistrado de liberar al expresidente
Rocambolesca pirueta judicial en Brasil. Un juez de guardia ordenó ayer la inmediata puesta en libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, provocando una crisis jurídica con consecuencias políticas. Apenas unas horas después la decisión fue revocada por otro togado y de nuevo el juez de guardia insistió en ordenar en un nuevo auto la inmediata liberación de Lula, esta vez estableciendo el plazo máximo de una hora para hacer efectiva su decisión. Finalmente, ha sido el presidente del Tribunal Regional quien ha zanjado la cuestión negando la libertad del exmandatario. El magistrado de turno había aceptado un habeas corpus a favor de Lula y reiteró su excarcelación a pesar de que tanto el juez que condenó al exmandatario, Sérgio Moro, como la Fiscalía se opusieron frontalmente a la liberación.
La sorpresa saltó por la mañana, cuando el juez de guardia del Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre, Rogério Favreto, admitió el último habeas corpus presentado a favor de Lula –solicitado el viernes por tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT)– y decretó su libertad “urgente” en el plazo máximo de 24 horas. El fallo causó estupor en el poder judicial pues el expresidente cumple una condena ratificada en segunda instancia por el propio TRF y porque su mediático ingreso en un centro de Curitiba, el pasado 7 de abril, se produjo después de que el mismísimo Tribunal Supremo del país rechazara días antes un habeas corpus en una votación seguida con expectación por todo Brasil.
Favreto argumentó que el encarcelamiento impide a Lula ejercer sus derechos políticos como precandidato a las presidenciales del 7 de octubre, a pesar de que, como cualquier condenado en segunda instancia, no puede postularse a unas elecciones, según la legislación brasileña. No obstante, la decisión definitiva depende del Tribunal Superior Electoral, que sólo puede pronunciarse una vez que, como se presume, el PT inscriba en agosto al exmandatario como su candidato.
A pesar de ser domingo, el fallo de Favreto fue inmediatamente rechazado por Moro, el implacable juez anticorrupción que ha metido en la cárcel a decenas de políticos y empresarios por el saqueo a Petrobras. En julio pasado, Moro condenó a Lula a nueve años y medio de reclusión por recibir de una constructora un apartamento tríplex en la playa paulista de Guarujá a cambio de la consecución de contratos con la petrolera estatal, a pesar de que la propiedad
El juez Moro y la Fiscalía se opusieron a liberar a Lula, condenado a más de 12 años de prisión por corrupción
no fue escriturada a su nombre y nunca se alojó allí. En su auto de ayer, Moro considera que el juez de guardia es “absolutamente incompetente” para liberar al expresidente.
Paralelamente, la Fiscalía regional de Porto Alegre solicitaba anular esa orden con los mismos argumentos de incompetencia alegados por Moro. Y fue finalmente un magistrado de ese TRF, João Paulo Gebran, quien anuló la medida tomada horas antes por Favreto y decidió que Lula no podía abandonar la cárcel. Gebran es ponente del caso Petrobras en el tribunal que en enero rechazó en segunda instancia la apelación de los defensores del exmandatario contra la sentencia de Moro; además, el TRF aumentó a 12 años y un mes la pena de prisión.
La inesperada decisión de Favreto fue rápidamente cuestionada por los detractores de Lula y en seguida los medios de comunicación recordaron la trayectoria del juez, que inició su carrera como abogado sindicalista y fue militante del PT entre 1991 y 2010, durante los cuales ocupó la fiscalía general de Porto Alegre bajo la gestión municipal de ese partido, a cargo de Tarso Genro, figura emblemática del partido y amigo de Lula. Cuando Genro fue nombrado ministro de Justicia, designó a Favreto como secretario de Estado de Reforma Judicial.