Más de 116.000 familias esperan un piso protegido en Catalunya
El actual ritmo de construcción está muy lejos de cubrir la demanda
Un total de 116.365 familias han solicitado una vivienda protegida en Catalunya. En siete años casi se han doblado las peticiones sin que se haya producido el mismo incremento en la producción de este tipo de residencias que, en este mismo periodo de tiempo, se ha ralentizado y es poco más que testimonial: sólo 1.057 iniciadas el año pasado.
El problema habitacional que sufren determinadas poblaciones con una creciente demanda y con una escasísima oferta asequible se ve perjudicada por el incremento de los precios tanto de compra como de alquiler que se están registrando en los dos últimos años. Las dificultades de acceso a la vivienda se agravaron durante el estallido de la burbuja inmobiliaria y la recuperación económica no ha logrado revertir esta situación. Un reflejo de estos obstáculos los aporta el inforresidencias me del primer trimestre del 2018 del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit que gestiona la Generalitat y, en Barcelona, el Consorci de l’Habitatge, que cifra en más de 116.000 las solicitudes que esperan optar a un piso protegido. Es una cifra récord, nunca alcanzada desde que se creó esta lista de espera.
El incremento constante de solicitantes en el registro contrasta claramente con el lentísimo ritmo de construcción de vivienda protegida en Catalunya. Según datos del Departament de Territori, el año pasado se acabaron 1.358 pisos protegidos en Catalunya. Todos, exceptuando dos en la provincia de Tarragona, se alzaron en Barcelona. Sí, sí, no hay equívoco. No se edificó ninguna promoción en el resto de provincias. Por el contrario, se construyeron 6.892 nuevas viviendas libres en toda Catalunya, siendo también la provincia de Barcelona la que tuvo una mayor producción.
Si se analizan los números de las iniciadas durante el 2017, las 1.057 mencionadas anteriormente, se advierte una ligera mejora respecto al año anterior. Sin embargo, las cifras quedan muy lejos de las más de 10.000 viviendas públicas que se empezaron a edificar en el 2008.
Mientras la construcción de vivienda pública vuelve a arrancar tímidamente, en Barcelona, 89.657 unidades de convivencia esperan un piso de protección; 12.148 en Tarragona, 9.683 en Girona y 4.877 en Lleida. El informe elaborado por la Generalitat hace además una radiografía del perfil de las unidades de convivencia que solicitan esta tipología de residencias. El grupo de edad más numeroso es el que corresponde a la franja entre los 35 y los 65 años, que representa el 61% de los solicitantes. También son representativos los menores de 35 años, que son el 30% del total de solicitantes.
Otro de los datos que arroja este informe desmitifica algunas de las leyendas urbanas que corren por los municipios sobre la inmigración. El 26% de los solicitantes (cerca 31.000 familias) pertenecerían a otros países frente al 71% de origen nacional. Mientras que, por género, predominan los inscritos masculinos, un 51,7% frente a un 48,3% de mujeres.
Para la inclusión en el Registre de Sol·licitants hay que cumplir una serie de requisitos económicos y cualquier variación puede suponer salir de esta lista. Así las cosas, el 50% de las familias acredita ingresar menos del 0.93% del indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), es decir, aproximada-
DEMANDANTES POR PROVINCIAS Barcelona es la que tiene más inscritos, seguida de Tarragona, Girona y Lleida
LA EDAD DE LOS ASPIRANTES El grupo más numeroso corresponde a la franja entre 35 y 65 años
mente entre los 7.500 y los 10.100 euros anuales por persona en función de las zonas). Un 41% ingresa entre el 0,93 y el 2,23% del IRSC y sólo un pequeño porcentaje de solicitantes (9%) supera este baremo de ingresos.
Las preferencias en la tipología de vivienda es otra de las cuestiones que tener en cuenta. Las viviendas protegidas que se construyen en Catalunya se destinan ahora casi exclusivamente al mercado de alquiler. El objetivo fijado tanto por la Generalitat como por los ayuntamientos es disponer de un parque público de vivienda de alquiler. La ley de la vivienda del 2007 fijaba el horizonte del 2029 para alcanzar esta meta. Ahora las administraciones ven con preocupación los pisos protegidos que se vendieron en el pasado y que están a punto de agotar la protección pública. El Ayuntamiento de Barcelona calcula en el 2048 se habrá desprotegido el 88% de las viviendas en relación con el parque público del 2009. Dentro de unos años podrán ser vendidas por sus propietarios, que en el momento de la adquisición las compraron a un precio ventajoso.
Según el informe, el 91% de los solicitantes preferiría una residencia de alquiler con opción a compra. Es decir, viviendas que, pasados unos años, puedan adquirirse y en las que el inquilino puede pasar a ser el propietario legal, hecho que demuestra que la cultura de la propiedad aún está muy arraigada. También se contabiliza un 23% que optaría directamente a la venta y un 36% al alquiler. Sólo el 5% de los solicitantes prefiere un piso con derecho a superficie, una modalidad que se empezó a extender por las ciudades en los años de la crisis. Se compra la vivienda por 75 años, aunque el suelo continúa en manos de la administración. Transcurrido este periodo, la propiedad de la vivienda pasa a manos de la administración.
Mientras el problema habitacional se enquista, las administraciones buscan fórmulas y recursos para incorporar más vivienda pública y corresponsabilizar en esa misión al sector privado. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, propone ampliar la zona de tanteo y retracto –prioridad en las adquisiciones de pisos, fincas o terrenos– a todo el término municipal. También ha aprobado inicialmente una iniciativa que obliga a los promotores a destinar el 30% de la obra nueva o grandes rehabilitaciones a pisos públicos. Esta medida ha topado con las reticencias del propio sector, que considera que existen otras vías para ampliar el parque público de vivienda. Esta obligación aportaría anualmente, si el ritmo de la construcción de la vivienda libre se mantiene, únicamente 330 residencias al parque público.