La comisión bilateral se activará este mes con las leyes vetadas
El Govern evita fijar un calendario para pactar una solución política al conflicto
Uno de los principales reproches dentro del bloque independentista a raíz del traumático desenlace que tuvo la anterior legislatura ha sido que poner límites y fechas de caducidad a todo resultaba, como tuvo oportunidad de constatarse, muy contraproducente. Quizás por esta razón, una vez transcurrida la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra, que certificaba el deshielo de las relaciones entre la dos administraciones después de seis años de choque, el Govern ha optado por evitar los topes y no acotar el tiempo en que espera del presidente del Gobierno español una “solución política” a la situación de Catalunya.
“Tendremos que ir viendo si el Gobierno de Sánchez camina hacia encontrar una solución política después de reconocer que se tienen que buscar vías políticas”, subrayó ayer al respecto la consellera de Presidència, Elsa Artadi, que, aunque remarcó que “hay que ver paso a paso”, precisó: “No queremos poner fechas límites, que ya sabemos que no es un buen negocio, para dar así una opción al diálogo”. En todo caso, remachó que estarán “atentos a qué recorrido hace el Gobierno español”, en referencia a cuál es la respuesta a la demanda de que el pueblo de Catalunya ejerza el derecho a la autodeterminación, y aclaró que, sea como sea, es conocida la voluntad del Govern de que “la solución política tiene que ser votada por los catalanes”.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, veinticuatro horas después de la cita en la Moncloa, eludió ejercer, no obstante, la más mínima presión sobre Sánchez en relación a la “solución política” que pueda proponer y se limitó a aceptar una dilación en este terreno como si se tratara de ganar tiempo en espera de cómo evoluciona la situación. Y la consecuencia lógica de un planteamiento de estas características es que ahora, después de la entrevista del lunes, el Govern reconduzca el diálogo al ámbito sectorial y lo canalice de forma bilatehomólogo ral a través de una herramienta doble: los encuentros entre consellers y ministros, y las reuniones de las comisiones mixtas y bilaterales que comparten la Generalitat y el Estado.
El primer ejemplo de esta nueva fase de contacto se producirá mañana mismo con una reunión entre la vicepresidenta española, Carmen Calvo, y el vicepresidente catalán y titular de Economia, Pere Aragonès, que abrirá la ronda en la que acabarán participando prácticamente todos los integrantes de los dos gobiernos, cada cual con su respectivo, con el objetivo de intentar resolver las múltiples cuestiones sectoriales pendientes, de las 45 que en su día planteó Carles Puigdemont a Mariano Rajoy y de otras –“todas incumplimientos”, según Artadi– que se han ido añadiendo con el tiempo. Uno de los primeros acuerdos que podrían certificar los números dos de los dos gabinetes es la reactivación este mismo mes de julio, tal como acordaron de hecho Sánchez y Torra en la Moncloa, de la comisión bilateral Generalitat-Estado, que no se reúne desde el 2011 y que la idea es que desencalle algún tema significativo.
Entre ellos, por ejemplo, la recuperación de las leyes sociales catalanas suspendidas por los recursos del PP al Tribunal Constitucional (TC), sobre las que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado que espera tener los informes que han de permitir el
Batet prevé dar continuidad al diálogo con la recuperación de las leyes sociales vetadas por el PP
Los vicepresidentes Calvo y Aragonès se reúnen mañana y abren una ronda entre ministros y consellers
levantamiento de los vetos por parte del Gobierno “en una o dos semanas”. “Espero ir a la comisión bilateral con contenidos para que esta continuación del diálogo abierto entre los dos presidentes se produzca antes del mes de agosto y se retome en otoño al ritmo que marquen los dos gobiernos”, ha recalcado. Otras materias objeto de estudio podrían ser la presencia de los Mossos d’Esquadra en los organismos policiales internacionales o la participación de las entidades sociales en el 0,7% del IRPF, dos aspectos que sobre el papel estaban encaminados, pero respecto a los que la consellera de Presidència lamentó que “se hayan producido regresiones”. La intención es que a esta primera reunión de la comisión bilateral le sigan también, aunque ya sea después del verano, reuniones del resto de comisiones mixtas –la de asuntos económicos y fiscales, la de infraestructuras y la de transferencias–, en las que se irán analizando las materias sectoriales que les corresponden.
Lo que no hará el Govern, en cambio, es participar, en principio, en según qué foros multilaterales con todas las autonomías. “En los que políticamente Catalunya no pueda decidir nada, no estará”, como es el caso del Consejo de Política Fiscal y Financiera, remarcó Artadi, que sí se inclinó por tomar parte en los que sean de coordinación técnica.