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El exitoso rescate de los 12 menores atrapados en una cueva de Tailandia junto a su monitor, y el problema de la falta de vivienda, que ha llevado a más de 100.000 familias a solicitar un piso protegido.
EL hecho de que un total de 116.365 familias hayan solicitado un piso protegido en Catalunya y acrediten además los requisitos de bajos ingresos que se les exigen revela la enorme magnitud del problema social que supone la falta de vivienda. Ninguna administración pública –ni municipal, autonómica ni estatal– ha sido capaz hasta la fecha de arbitrar medidas eficaces para resolverlo. Al ritmo actual de construcción de viviendas protegidas, apenas mil al año, se tardará más de un siglo en atender la demanda existente.
La pasividad, ya sea por incapacidad o por impotencia, de las administraciones públicas para afrontar el problema de la vivienda no es admisible. Que la cuestión sea difícil de solucionar no implica que no tengan que hacerse renovados esfuerzos para intentarlo. Este déficit de vivienda pública constituye una auténtica emergencia social que se ha agravado, paradójicamente, con la recuperación económica al subir los precios de los pisos, tanto de alquiler como de compra, mientras los salarios permanecen aún congelados tras la devaluación sufrida en los años recientes. El fenómeno okupa, mientras la gravedad del problema social crece, alcanza asimismo una dimensión cada vez más preocupante sin que tampoco se adopten las medidas necesarias para combatirlo.
Las diversas administraciones públicas –grandes ayuntamientos, Generalitat y Gobierno central– y cada sector implicado, como son los propios promotores inmobiliarios, los constructores y los bancos, deberían sentarse a una misma mesa y diseñar un plan de choque para afrontar la construcción de viviendas protegidas en Catalunya, especialmente en Barcelona y el área metropolitana. Hay que encontrar medidas que permitan conciliar los diferentes puntos de vista de cada sector, que a veces parecen contrapuestos. La reciente iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores a destinar el 30% de la obra nueva a pisos públicos, por ejemplo, desincentiva la construcción de viviendas en lugar de promoverla.
Es importante que, como fruto del diálogo y de la negociación, las administraciones públicas puedan establecer los adecuados incentivos que hagan interesante a los promotores y constructores apostar a fondo por la vivienda protegida accesible y sostenible. También sería necesario buscar alternativas para poder aprovechar mejor el parque de viviendas vacías en manos de grandes operadores como herencia de la crisis. Para implementar este necesario y urgente plan de choque, de entrada, alguna administración –o varias a la vez– debería asumir el liderazgo político necesario de una vez por todas. No se puede decir a los ciudadanos que deben esperar un siglo para poder acceder a una vivienda, aunque esa sea la dramática realidad hoy en día.