Borrell ordena defender a Llarena en Bélgica
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, remitió ayer una carta a los ministros Dolores Delgado (Justicia) y Josep Borrell (Exteriores) en la que pide que respalden al juez Pablo Llarena frente a la demanda que han presentado en su contra en Bélgica los excconsellers Toni Comín y Meritxell Serret. En su carta, Lesmes solicita a ambos ministros que lleven a cabo “las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado” y del juez Llarena ante dicha demanda. Llarena ha sido llamado a declarar ante un tribunal belga el 4 de septiembre. Lesmes habló por teléfono con los dos ministros antes de enviarles la carta, en la que expone que “el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”. Borrell dio ayer instrucciones a la embajadora en Bélgica, Cecilia Yuste, para que pida al Gobierno belga que comparezca en la causa contra Llarena y defienda la inmunidad de jurisdicción de España y del magistrado.
mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”.
Llarena, de hecho, ha ideado una fórmula similar a la que halló cuando se trataba de permitir que los diputados presos pudieran ejercer sus funciones, en aquel caso sin salir de prisión. Y les incapacitó temporalmente, de modo que esa incapacidad de acudir a la Cámara catalana no impidiera que delegasen su voto. Ahora, lo que le dice al Parlament es que dichos diputados están suspendidos por aplicación directa del citado 384 bis, pero que no hay “impedimento procesal” para que sus funciones puedan ser ejercidas “de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlament”. El juez advierte de que la suspensión quedaría inmediatamente sin efecto si finalmente se atribuyeran a los procesados delitos distintos al de rebelión.
En cierto modo, Llarena le está diciendo al Parlament: te lanzo un cable si quieres sortear el problema del cambio de mayorías parlamentarias, tú verás si lo coges. Lo que deja muy claro es que Puigdemont y los otros diputados han cesado en sus funciones desde el momento en que su procesamiento adquirió firmeza, al rechazarse los recursos. Ahora –viene a decir– el problema ya es enteramente del Parlament y de los partidos afectados. Pero todo ello va a ser muy discutido –ya lo está siendo– tanto en el plano político como en el judicial. Las defensas habían anunciado recursos ante la medida de suspensión, y el propio juez deja el camino abierto para ello en su auto.
En resoluciones paralelas al cierre del sumario, Llarena desgajó definitivamente de la causa a los procesados que se hallan fuera de España. Si alguno de ellos vuelve, o es entregado, podría ser reincorporado. Pero la existencia de una pieza separada permitirá que la
EL OBJETIVO
El juez ha querido evitar que se dé una alteración de los resultados electorales
LA CAUCIÓN
El auto cree suficiente la fianza civil de
2,1 millones de euros ya pagada por la ANC
preparación del juicio no se retrase. Y, eventualmente, facilitaría también que pudiera haber dos juicios, uno para los que deben responder de todos los delitos de los que se les acusa por ahora, y otro para los que pudieran ser entregados con limitaciones. Por ejemplo, si Alemania acordara la entrega del expresident Puigdemont pero sólo por malversación, y el Supremo no renunciara entonces a la euroorden.
Otra decisión importante que ayer tomó Llarena fue la denegar nuevamente la puesta en libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn. El juez sigue considerando que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Rechaza, en cambio, incluir en esta causa a la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, y al conseller de Interior y exalcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, investigados por el TSJ de Catalunya. También deja sin efecto la solicitud hecha a Hacienda para que elaborara un informe sobre la respuesta de la interventora de la Generalitat a los requerimientos de que fue objeto por parte del Gobierno sobre las cuentas de la Administración autonómica. El juez declara asimismo suficiente la fianza de 2.135.948,06 ingresada por la ANC para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de los procesados, si se les condena por malversación.