Con diez años de retraso
La Generalitat se compromete a acabar los proyectos que quedaron pendientes de la ley de Barrios desde el 2009
Los ayuntamientos ya habían tirado la toalla, daban por perdidos todos aquellos proyectos que se quedaron sin llevar a cabo de la ley de Barrios, que era uno de los proyectos estrella del tripartito de Pasqual Maragall.
El gobierno de Artur Mas cortó el grifo y los ayuntamientos se encontraron de repente con proyectos a medias que se vieron condenados a esperar tiempos mejores en algún cajón. Ayer, por sorpresa, el Departament de Territori i Sostenibilitat anunció que se ha ampliado el plazo de ejecución de todos aquellos proyectos que aún estaban pendientes de la ley de barrios del año 2009. El plazo había finalizado legalmente el pasado 30 de junio. Con la prórroga anunciada por la Generalitat se podrán llevar a cabo hasta el 31 de diciembre del 2019. El pago de la parte que corresponde a la Generalitat se negociará caso por caso.
La ley de Barrios, creada en el 2004, establecía un conjunto de proyectos de mejora en zonas urbanas necesitadas de actuaciones urbanísticas, sociales y económicas. Algunos barrios vivieron una transformación muy relevante con nuevos equipamientos, edificios rehabilitados e importantes actuaciones sociales. La financiación iba a medias entre el Ayuntamiento y la Generalitat en las ciudades de más de 10.000 habitantes. En los municipios con menos habitantes, el 75% del presupuesto salía de las arcas del gobierno catalán.
La falta de financiación dejó a medias los proyectos, aunque algunos ayuntamientos decidieron tirar adelante con recursos propios todo aquello que habían empezado. Lo pudieron hacer los ayuntamientos con un presupuesto más holgado, como Barcelona, Sabadell y Terrassa. El resto se quedaron con los proyectos empantanados. Los municipios que ahora podrán finalizar las actuaciones –un total de 23– se reparten por todo el territorio catalán. Hay desde capitales de provincia como Lleida hasta pequeños pueblos como Arbúcies, Calaf y Roda de Ter pasando por ciudades como Cornellà de Llobregat, Gavà y Reus.
La última convocatoria de la ley de Barrios fue la del 2010. Se acogieron 29 municipios y en menos de un año se cumplirá el plazo de ejecución. La Conselleria de Territori tiene previsto hacer lo mismo que con la convocatoria del 2009, concediendo una prórroga para poder llevar a cabo todo aquello que quedó pendiente.
Lo que no está previsto es abrir nuevas ayudas de este tipo en los próximos años. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se lo solicitó sin éxito hace dos años a Carles Puigdemont y volvió a plantearlo en el primer encuentro con Quim Torra. La implicación a ambos lados de la plaza Sant Jaume permitiría doblar los 50 millones que tiene previsto invertir el Ayuntamiento este año en su plan de barrios propio, una iniciativa inspirada de manera clara y directa en el modelo de aquella ley de Barrios de Maragall.
La falta de financiación del gobierno catalán obligó a dejar a medias mejoras urbanísticas en numerosos municipios