El tribunal alemán no ve el Estado en peligro
Extractos de la resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre la entrega de Carles Puigdemont
La resolución con la que el Tribunal Superior Regional de SchleswigHolstein decidió el jueves entregar a Carles Puigdemont a España por malversación de caudales públicos, pero no por rebelión, consta de 22 páginas, de las que La Vanguardia les ofrece los principales fragmentos.
ORDEN ATÍPICA
“La orden europea de detención cursada por las autoridades españolas puede calificarse de atípica. En el apartado que, en el formulario (...), se reserva para describir ‘la hora y lugar de la comisión del delito y la participación de la persona reclamada’, se incluye un relato de 17 páginas que refleja el desarrollo histórico del movimiento independentista catalán y la participación de instituciones públicas y organizaciones políticas en dicho proceso. El relato se inicia en la primavera del 2015, pese a que, en principio, el reclamado habría cometido los dos actos delictivos que se le imputan entre el 6 de septiembre del 2017 y el 1 de octubre del mismo año. (…) No es de extrañar que las partes implicadas en el procedimiento hayan necesitado para leer, analizar y valorar el material un periodo de tiempo muy superior al habitual en los procedimientos ‘normales’ de extradición por orden europea”.
MEDIOS Y OBJETIVO
“Resulta dudoso que el reclamado persiguiera el objetivo de la separación de Catalunya del Estado central español ‘violentamente’. De la documentación se desprende que el reclamado pretendía legitimar la separación precisamente por medios democráticos, en concreto mediante la celebración de una votación. (…) La violencia que algunos colectivos ejercieron durante la votación no era el medio por el que el reclamado pretendía alcanzar la independencia de Catalunya”.
INTERVENIR CON MESURA
“Por un lado, en un ordenamiento estatal y social democrático, el derecho penal está obligado, por motivos constitucionales, a intervenir con mesura en las desavenencias políticas, y, por otro, en comparación con la protección de bienes jurídicos individuales, los potenciales autores de delitos tienen en el Estado y sus instituciones un rival mucho más difícil de influenciar (…) La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya definió como alta traición la intención de llevar a cabo una “lucha revolucionaria” con víctimas y creación de un estado de caos, pero no, por ejemplo, las meras manifestaciones, llamadas al boicot o huelgas, excepto en el caso de que hubieran producido una paralización completa de la vida pública”.
ORDEN CONSTITUCIONAL
“Incluso después de un nuevo análisis, la sala no llega a la conclusión de que las instituciones españolas no habrían podido hacer frente a la presión ejercida por los acontecimientos del día de la votación: la solicitud de extradición describe escomo cenas tumultuosas en locales electorales, pero no se deduce que dichas escenas constituyan un supuesto de ese tipo. Hay razones suficientes para creer que los actos concretos (…) constituyen actos delictivos, pero de otro orden, en concreto delitos de lesiones, de resistencia a la autoridad o perturbación del orden público. Sin embargo, (…) la sala no aprecia que estas acciones individuales fueran capaces de poner seriamente en peligro el orden constitucional del Estado español”.
MAGNITUD DE LA VIOLENCIA
“De acuerdo con la información facilitada, en el día de la votación se habilitaron 2.259 locales electorales en todo el territorio. Se produjeron enfrentamientos callejeros en 17 de estos locales electorales. (…) En cualquier caso, de acuerdo con el contenido de los documentos de la solicitud de extradición, no se produjeron batallas callejeras de gran extensión, incendios ni saqueos suscitados de manera directa por el referéndum del 1 de octubre del 2017. No fue necesario utilizar gases lacrimógenos ni mangueras. No hubo uso de armas de fuego”.
MOSSOS D’ESQUADRA
“Tampoco es posible afirmar que el reclamado hubiera pretendido quebrantar la ley de modo violento mediante el uso de una fuerza de 17.000 policías regionales desproporcionadamente superior a la de 6.000 policías nacionales. Es posible que la cifra de 17.000 policías no sea correcta en este contexto”.
SECESIÓN DE CATALUNYA
“La sala no aprecia que la mera celebración del referéndum –por más que fuera anticonstitucional– conllevara necesariamente la secesión de Catalunya, ni significara una anulación de la legalidad estatal española más allá de la situación descrita. Es posible que algunos colaboradores del reclamado vieran en ello una fase intermedia necesaria para obtener la independencia plena. El reclamado dice que la celebración del referéndum sólo sería un paso previo para la realización de negociaciones”.
VISIÓN DEL REFERÉNDUM
“En lo que atañe a la cualificación jurídica del referéndum convocado para el 1 de octubre de 2017, la orden europea de detención informa de que la ley 19/2017 para la celebración del referéndum, del 6 de septiembre de 2017, fue ‘suspendida’ al día siguiente, es decir, el 7 de septiembre de 2017, por una resolución del Tribunal Constitucional. El referéndum no fue declarado ‘anticonstitucional y nulo’ en una sentencia del TC hasta el 17 de octubre de 2017, es decir, unas dos semanas y media después de la jornada de votación. Si se entiende la resolución provisional del TC sólo como el anuncio de que el referéndum sería ‘provisionalmente inefectivo’ y que su resultado no podría considerarse válido, la celebración del referéndum a pesar de dicha sentencia podría considerarse, con toda probabilidad, superflua, pero no prohibida. (…) En cambio, si –como parece entender la justicia española y puede parecer lógico– se admite que la disposición mencionada no sólo declaraba nulo el posible resultado de la votación, sino que al tiempo implicaba la prohibición de llevar a cabo el referéndum, habría que concluir que la votación del 1 de octubre del 2017 fue un acto ilegal”.
RESPONSABILIDAD Y DESÓRDENES
“El reclamado no deseaba que se produjeran desórdenes. Al contrario, insistió repetidamente en la necesidad de actuar de modo pacífico. No fue ‘inspirador intelectual’ de actos violentos. (…) Según la información facilitada, él no planeó, organizó ni prestó apoyo a ningún acto violento concreto previsible. Si los sucesos que se produjeron en el día de la votación se verificaron de modo espontáneo y en lugares, momentos y condiciones imprevisibles, fue precisamente porque no estaban planeados ni organizados (al menos por él). En consecuencia, el reclamado no pudo dirigirlos ni manejarlos de ningún otro modo”.
MALVERSACIÓN DE CAUDALES
“El reclamado, por supuesto, tenía la intención de sufragar los gastos asociados a la celebración del referéndum mediante partidas del presupuesto público, como se desprende la ley 4/2017 y la ‘disposición adicional 40’. Estas normas fueron declaradas nulas e inconstitucionales en sentencia del TC del 5 de julio de 2017. Pero el Gobierno catalán, y a su frente el reclamado, publicaron el 7 de septiembre del 2017 una resolución por la que se autoriza a organismos a ‘adoptar todas las medidas y suscribir todos los contratos necesarios para la ejecución del referéndum’. (…) El reclamado desobedeció la sentencia del TC”.
NO HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA
“No puede denegarse (la entrega) por el hecho del que el reclamado se considere objeto de una persecución ‘política’. No existe tal persecución. (…) En cualquier caso, el delito de alta traición, que ostenta el mismo carácter ‘político’ en todos los Estados, ya que se trata de un delito contra el ordenamiento político y la propia existencia del Estado, no es debatible en el marco de la extradición. En el caso de la acusación de desobediencia, se trata de un asunto exclusivamente penal, carente de dimensiones ‘políticas’”.
VALORES DEL ESTADO ESPAÑOL
“Es absurdo pensar que el Estado español, miembro de la comunidad de valores y del espacio jurídico común de la UE, pudiera abusar de un procedimiento penal con la intención de castigar al reclamado por sus convicciones políticas mediante acusaciones falsas o con penas más duras de las habituales. La sala considera inimaginable que, como aparentemente teme el reclamado, la justicia española, en caso de consumarse la extradición, decida procesar por rebelión al reclamado en contra de lo decidido por esta sala”.
SIN RIESGO DE FUGA
“La sala, teniendo en cuenta también que el reclamado no podría permitirse el desprestigio que una fuga acarrearía para su posición en panorama político actual, da crédito a sus afirmaciones”.