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El riesgo de caos en los aeropuertos por el anuncio de nuevas huelgas y la gravedad que supone usar el móvil mientras se conduce.
HAY que hacer todo lo posible para intentar evitar la huelga de los 60.000 trabajadores de los servicios de tierra (handling) de los aeropuertos españoles que dependen de Aena y que está convocada a partir del próximo 29 de julio. El caos que puede generarse en el tráfico aéreo español es enorme, así como los perjuicios que puede ocasionar a millones de pasajeros y, sobre todo, el daño que haría al turismo y a la economía española al tratarse de fechas clave para el inicio de vacaciones. Hay que tener en cuenta que el paro del personal de tierra, que se encarga de la asistencia a aviones y pasajeros, si se lleva a cabo, afectará a todas las compañías.
Este verano se presenta especialmente complicado para el transporte aéreo a causa de conflictos laborales. El del personal de tierra de los aeropuertos españoles es el más importante pero no el único. El personal de Iberia de Barcelona-El Prat también ha anunciado huelga para las mismas fechas. A ello se suma que los asistentes de vuelo de Ryanair en cuatro países europeos, España incluida, junto con los pilotos de Irlanda de la misma compañía, harán huelga los días 25 y 26 de julio. Todo ello además de los problemas que provoca sobrevolar Francia a causa del conflicto permanente de los controladores de ese país.
Es necesario hacer un llamamiento a todas las partes implicadas en los diversos conflictos, trabajadores y empresas, para que acerquen posiciones en sus negociaciones y lleguen a acuerdos que sean satisfactorios para ambas partes. Los sindicatos están en su derecho de convocar huelgas para presionar en el logro de sus reivindicaciones pero resulta inaceptable que para ello tomen como rehenes a los ciudadanos, trabajadores también en su inmensa mayoría, que pretenden disfrutar de unas merecidas vacaciones y que, además, dañen a la economía y al empleo de forma irreversible. El mero efecto anuncio de las huelgas citadas ya supone un impacto negativo que se traduce en un número menor de reservas y, por tanto, menos turismo.
En caso de que no se logre un acuerdo entre sindicatos y empresas, hay que exigir que el Gobierno establezca los máximos servicios mínimos que permita la ley para asegurar el funcionamiento correcto del transporte aéreo. Ello debe ser así principalmente en el caso del personal de tierra de los aeropuertos y en el del personal de Iberia de Barcelona-El Prat, ya que son servicios estratégicos de interés público. El bien de la economía española, que podría resultar gravemente dañada por dichas huelgas al afectar a uno de sus principales sectores como es el turismo, no puede estar al albur de las reivindicaciones de un grupo de trabajadores por más legítimas que estas puedan ser.
El verano pasado en Barcelona-El Prat el Gobierno ya tuvo que intervenir para hacer frente al bloqueo del aeropuerto por los vigilantes de seguridad subcontratados por Aena después de largo tiempo de problemas. En esta ocasión cabe esperar que el Gobierno actúe con mayor eficacia y diligencia. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya ha expresado su voluntad de mediar en el conflicto de los trabajadores de tierra de los aeropuertos. Aunque las compañías que prestan los servicios de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros son privadas, la responsabilidad última es de la gestora de los aeropuertos, que es Aena.
La costumbre de convocar huelgas en el sector del transporte en momentos de utilización masiva, como son periodos vacacionales, con la excusa de obtener una mayor repercusión, ha terminado por pervertir el objetivo mismo del derecho de huelga. De ahí la justificación de la intervención de las autoridades para paliar sus efectos.