El TS valora los efectos de aceptar la extradición de Puigdemont
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El juez Pablo Llarena medita si aceptar la entrega de Carles Puigdemont sólo por malversación, una decisión que variaría tal vez el rumbo de la causa, ya que podría conducir a rebajar los cargos para el resto de procesados por rebelión.
El juez Llarena se halla ante el punto crucial del partido. Debe decidir si acepta que Alemania entregue al expresident Puigdemont sólo por el delito de malversación, y son muchos los que le están susurrando al oído lo que tiene que hacer. Su match point va a tener una influencia decisiva para el curso del caso 1-O, el proceso que viene instruyendo desde el pasado mes de octubre.
No traer a Puigdemont, cuando ha conseguido convencer a los jueces alemanes de que pudo haber usado dinero público para un fin ilícito, despilfarrándolo, supone para el Supremo perder la oportunidad de juzgar al expresident en España por el 1-O. Pero aceptar esa entrega condicionada puede implicar, a su vez, que haya que modificar a la baja las acusaciones contra el resto de procesados, por aquello de que sería un contrasentido acusar al líder del Govern de responsabilidades penales inferiores a las de sus antiguos consellers.
Esa rebaja no sería obligada, pero negarse a contemplarla podría conducir a conclusiones de difícil digestión. Sobre todo en Catalunya. Téngase en cuenta que, en el actual contexto político y social, el caso 1-O se irá convirtiendo a escala estatal en terreno cada vez más propicio para el juego electoral, a medida que se acerquen las próximas elecciones. Y el año que viene hay tres en todo el Estado. Son las municipales, autonómicas y europeas.
En definitiva, si el juez Llarena no se da prisa en resolver sobre la venida o no de Puigdemont, corre el riesgo de que en torno a su despacho crezca la marea. Todos opinando en toda clase de foros, incluidos los procesales, y él sólo ante su ordenador, con el vértigo de la pantalla en blanco.
En principio, el magistrado tiene diez días para decidir desde el momento en que se le notifique la resolución del Tribunal de SchleswigHolstein. Lo más probable, visto el contexto, es que no deje concluir ese plazo. Cuentan en el Supremo que el pasado día 10, cuando acordó notificar el auto de conclusión del sumario del caso 1-O, Llarena iba casi dando saltos de alegría por los pasillos del Alto Tribunal. Misión cumplida. Eso creía él, que había terminado la instrucción de una causa de la que siempre supo que le podría traer muchos sinsabores y poca o ninguna satisfacción. Pero le había tocado por reparto. Imposible rechazarla. Ese día 10 de julio los periódicos hablaban de distensión, de las bondades de la ratafía y de los amores en verso de Antonio Machado a Guiomar junto a la fuente de los jardines de la Moncloa. Todo verde esperanza.
Pero el auto de conclusión del sumario traía carga viral. Incluía la comunicación de que los procesados acusados de rebelión y con escaño en el Parlament –empezando por Puigdemont– habían quedado suspendidos en sus funciones. No por decisión concreta del juez, sino por aplicación de las previsiones del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se trata de un precepto envenenado, pensado en su día para perseguir al entorno político de ETA, con el fin de que sus adláteres no pudieran ejercer cargo público alguno mientras estuvieran procesados por rebelión y se hubiera dictado contra ellos ingreso en prisión. Ese mismo día a la fuente de Guiomar empezaron a salirle grietas. Pero todavía nada comparado con el boquete y la vía de agua que para el Supremo supuso la decisión de los jueces alemanes sobre Puigdemont. Con esa resolución, el Alto Tribunal y la Fiscalía recibieron el pasado jueves un mazazo del que no se han recuperado. Y en paralelo arrancó el gran debate de fondo en torno a lo que Llarena tiene que hacer o dejar de hacer sobre Puigdemont.
Sobreponiendose del varapalo, quien más quien menos tiene en los alrededores del antiguo convento de las Salesas, sede del Supremo, su criterio al respecto. Es mayoritaria la opinión de que la entrega con limitaciones debería ser rechazada. Y está muy extendido un sentimiento de indignación con los jueces alemanes por haber entrado en el fondo del asunto para argumentar que el sistema político y constitucional no peligró porque no hubo suficiente violencia ni desórdenes en las calles para conseguirlo.
Pero se abre paso otro grupo que cree que se debe aceptar como mal menor la entrega de Puigdemont sólo por malversación. Ese debate empieza a crecer no sólo en el Supremo, sino también en la Fiscalía. No está previsto que los fiscales tengan que ser consultados por Llarena. El juez decide por su cuenta y riesgo. Pero en la Fiscalía General del Estado ha subido estos días la temperatura varios grados. Hay, en suma, un clima de ebullición.
Todos dicen que María José Segarra, la nueva fiscal general, es persona sensata y de cabeza fría. La va a necesitar. Ya se ha sentado con los cuatro fiscales del Supremo que han llevado el caso, pero sólo para darles ánimos. No ha descubierto sus cartas. ¿Qué les va a pedir u ordenar? Se cruzan apuestas. Muchos piensan en el Supremo y en la propia Fiscalía que, ante la primera reacción del Gobierno, lo más verosímil es que haya algún lento cambio de estrategia para tratar de favorecer los pactos políticos y la distensión. Pero la Fiscalía siempre ha sostenido, desde la presentación de la querella que dio origen al caso 1-O, que los hechos fueron constitutivos de un delito de rebelión. ¿Será posible variar ahora de criterio? Curiosamente, la entrega de Puigdemont sólo por malversación podría facilitar esa compleja y delicada operación.
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