O descrédito o coraje
Es un cortocircuito que amenaza con quemar la credibilidad de la justicia española. El fusible que ha saltado es el juez Pablo Llarena y la caja de las herramientas para intentar reparar la instalación está en manos de la nueva fiscal general. La resolución del Tribunal Superior de Schleswig Holsteing desmonta la tesis del delito de rebelión que se imputa a Carles Puigdemont, una decisión que hace insostenible la acusación de rebelión y sedición contra los otros dirigentes independentistas, los que están en la cárcel y los que –como el expresident– optaron por el exilio. Los abogados ya han comunicado que solicitarán la inmediata puesta en libertad de sus clientes. Las defensas instarán a la Fiscalía a retirar la imputación de rebelión. Queda en evidencia la total inconsistencia del relato construido por el juez Llarena a partir de una violencia que nunca existió.
Los aires de Alemania dan moral al independentismo. Y de manera especial a Puigdemont y a JxCat, lo cual puede tener efecto en las pugnas internas entre sectores del bloque y, sobre todo, en el espacio posconvergente. En cambio, ponen nerviosos a los dirigentes del PP y de Cs, generan inquietud en la esfera judicial, y obligan al Gobierno de Pedro Sánchez a mover ficha. La estrategia de Mariano Rajoy de externalizar la resolución de un gran problema político en manos de los
El diálogo estable será imposible si no hay un giro en la situación judicial de los dirigentes independentistas
jueces se ha demostrado un fracaso de dimensiones colosales. Ahora le toca a Sánchez sacar el carro del barro, pero –como se va repitiendo– la maquinaria que se ha puesto en marcha no es fácil de parar, la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo. Con todo, la Fiscalía General del Estado es la pieza clave para explorar un cambio de rumbo, si hay coraje.
O el Estado corrobora la mentira de Llarena y asume hasta el final el descrédito que de esta se deriva (y la nueva escalada de tensión que comportaría) o el Estado rectifica y corrige la estrategia de la etapa del PP y enfoca la crisis catalana desde premisas diferentes. El botón lo tiene Sánchez, aunque no controla la dinámica de los jueces. En este momento, el sentido de Estado debe concretarse con inteligencia: hoy es más fuerte que nunca la discrepancia entre los que se denominan patriotas, dentro de los cuales están los que asocian la patria al palo y los que la vinculan al hacer política.
Los jueces alemanes han dado aire al bando independentista. La reconducción del choque institucional por canales estables de diálogo será imposible si no hay un giro en todo lo que afecta a la situación judicial de los dirigentes independentistas. La prisión y el exilio bloquean el retorno a la política y debilitan el papel del Govern en relación a otros actores políticos, muy determinados a mantener la vía unilateral. No hay salida perfecta: o Sánchez se arriesga al vendaval que implicaría llevar la contraria a Llarena o Sánchez se arriesga a la ola de indignación que provocaría en Catalunya la condena por rebelión de los políticos independentistas.