La parálisis administrativa hunde la promoción de viviendas protegidas
Los promotores privados superan al Incasol y los ayuntamientos desde el 2013
La promoción de viviendas de protección oficial (VPO) se ha hundido en Catalunya en la última década, con apenas 1.057 viviendas iniciadas el año pasado, un 10% de las 10.542 que se iniciaron en el 2008, por el desplome de la actividad de las administraciones públicas, que en los últimos cinco años han promovido incluso menos viviendas sociales que el sector privado.
Según los datos de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, desdel 2013 la Generalitat, a través del Incasol y los ayuntamientos han construido 1.636 viviendas sociales en toda Catalunya, frente a las 2.455 construidas en el mismo periodo por los promotores privados. “Hemos perdido siete años sin hacer nada para solucionar el problema de la vivienda”, lamenta Carme Trilla, ex secretaria d’Habitatge de la Generalitat entre el 2004 y el 2011, y presidenta de la Fundació Habitat 3.
“Cuando estalló la burbuja inmobiliaria parecía que sobraba vivienda. Había un ministerio y el gobierno del PP lo eliminó y dejó al sector sin presupuesto. Ahora, cuando el problema del acceso a la vivienda vuelve a ser sangrante, costará unos años volver a poner en marcha el sector”, lamentó.
“Necesitamos un plan de choque para que tanto las administraciones como el sector privado podamos hacer vivienda social”, señaló Lluís Marsà, presidente de la APCE, la Asociación de Promotores de Catalunya, que destacó que las administraciones públicas no tienen fondos para promover las viviendas que necesita Catalunya, y los promotores privados necesitan ayudas públicas para poder hacerlo. “En el 2008 el sector privado promovía 3.800 viviendas sociales al año, pero entonces había un sistema de ayudas públicas que lo hacía posible y hoy, aunque tenemos empresas interesadas en hacerlo, no salen los números”, lamentó.
Tanto la Generalitat como los Ayuntamientos han visto sus ingresos reducidos con la crisis, y se enfrentan a la dificultad añadida del límite de deuda. “Para hacer vivienda social en alquiler hace falta asumir créditos, a 25 años, porque con un alquiler social la adminis- tración tardará eso en recuperar su inversión. Pero muchos ayuntamientos y la misma Generalitat no tienen autorización para endeudarse”, lamentó Trilla.
Para los ayuntamientos que sí pueden recurrir a la deuda, el problema es la falta de financiación bancaria. “La banca siempre ha sido reticente a financiar la promoción de vivienda en alquiler, porque no les trae el negocio de la hipoteca del particular, como la VPO de venta, y porque miran mucho el perfil de riesgo de promotores y ayuntamientos”, reconoce Marsà. Para sortear este problema, recuerda Trilla, la Generalitat ha puesto en marcha una línea de crédito del ICF, y el ayuntamiento de Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones.
En Catalunya, según los datos del Observatori d’Habitatge, apenas el 2% del parque de vivienda se destina a alquiler social, uno de los porcentajes más bajos respecto a las grandes capitales europeas, en las que se supera ampliamente el 10%. “Para llegar a estándares europeos necesitamos también que haya promoción privada”, destacó Trilla que recordó que antes de la crisis los planes de vivienda incluían ayudas a la construcción al promotor privado, para que comercializara los pisos con alquileres de entre 400 y 700 euros. “Para alquilar a esos precios hay que contar con suelo gratis y ayudas, porque si no, no se cubre el coste de urbanización y construcción”, reconoció.
El presidente de la APCE, por su parte, pidió fórmulas de colaboración entre las administraciones públicas y los promotores, como permutas: que el promotor pague las obras y se quede una parte de las viviendas que se construyan, con la obligación de dedicarla al alquiler social.
Según Carme Trilla, la buena noticia es que todas las administraciones han tomado conciencia de la necesidad de promover vivienda social. “Todos tienen claro que no hay pisos vacíos, como se decía hace unos años, y que hace falta construirlos allí donde se necesita vivienda. La Generalitat ha movilizado al ICF y los ayuntamientos y el Incasol están empezando a urbanizar suelos. Faltaba financiación, y el plan de vivienda que aprobó el PP para 2017, aunque bien enfocado, tenía pocos fondos. Pero ya vemos que con el nuevo Gobierno esto ha cambiado, y el ministro Ábalos ya ha anunciado un esfuerzo presupuestario importante, para construir 20.000 viviendas”, recordó.
CIFRAS MUY BAJAS
En el 2017 el sector público inició 362 VPO, sólo un 6% de las 5.928 iniciadas en el 2008