Aragonès no irá al Consejo de Política Fiscal para priorizar el diálogo bilateral
El Govern se abre a restituir a Puigdemont si es extraditado sólo por malversación
El Govern tiene decidido que su conseller de Economia, además de vicepresidente, Pere Aragonès, no asistirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para mañana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “O bien delegará en un representante de menor rango o bien directamente no acudirá nadie a la cita”, anunció ayer la consellera de Presidència, Elsa Artadi, después de que el Consell Executiu tratara precisamente la cuestión en su habitual reunión de los martes.
“El Govern prioriza las reuniones bilaterales, y veremos si vamos a las reuniones multilaterales en función de la utilidad”, precisó Artadi, que, de acuerdo con este criterio, justificó por qué el gabinete de Quim Torra sopesa no ir al encuentro del CPFF: “Todo el mundo sabe que, en el caso del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el único voto que vale es el del ministerio, que tiene el 50%, que a las autonomías sólo se les permite expresar opiniones, y, por tanto, para comunicar hechos o recibir instrucciones puede asistir cualquier persona o no hace falta que asista nadie”. Aragonès seguirá, de este modo, el mismo procedimiento que aplicaba Oriol Junqueras en la época de Cristóbal Montoro, que era o bien no acudir a la reunión o bien delegar en un tercero, con la diferencia de que cuando lo hacía en otro conseller –Carles Mundó o Raül Romeva, por ejemplo– el Govern conservaba su derecho a voto y cuando lo hacía en un cargo inferior –el propio Aragonès había sido el designado en alguna ocasión en su condición de secretario de Economia– lo perdía.
Una posibilidad ésta de quedarse sin votar en el CPFF que al Govern actual no le preocupa lo más mínimo, visto el nulo valor que a su entender tiene el voto de las autonomías. “Priorizamos el diálogo binete lateral”, insistió la consellera de Presidència, que situó en este contexto los preparativos para que, después de la entrevista entre el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Moncloa, la comisión bilateral Generalitat-Estado, que no se reúne desde el 2011, pueda volver a hacerlo efectivamente este mismo mes. El Govern valora, de momento, qué cuestiones incluir en el orden del día, entre las que podría figurar una demanda histórica hasta ahora no satisfecha: la reclamación de la gestión del aeropuerto de Barcelona y del resto de infraestructuras de interés general radicadas en Catalunya.
Una vez recuperado el diálogo con el Gobierno español, el Gabi- de Torra tampoco es ajeno al resto de movimientos políticos relacionados con el proceso catalán. Entre ellos, la situación judicial de Carles Puigdemont en Alemania, que, después de la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de extraditarle sólo por malversación y no por rebelión, ha abierto nuevas expectativas. En concreto, de ser así, JxCat se plantea la posibilidad de restituirle al frente de la Generalitat, cosa que el propio Govern no descarta, como admitió la portavoz. “Tiene todos los derechos intactos y es uno de los escenarios en los que se trabaja”, reconoció Artadi, aunque circunscribió las eventuales gestiones al ámbito de JxCat y remarcó que, por ahora, no se ha tratado la cuestión con el otro socio del Govern, ERC. “Primero veremos qué hace el Tribunal Supremo”, advirtió.
El socio, en todo caso, lo que sí rechaza es sumarse al proyecto de unificación del independentismo lanzado por el expresidente de la Generalitat bajo la fórmula de Crida Nacional per la República. Una situación que, de todos modos, la consellera de Presidència confía en que “no afectará a la cohesión interna” del Govern, porque las adhesiones al movimiento “son a título personal” y, aunque uno de sus promotores sea también Torra, “el Govern como tal no tiene nada que ver”. “Ni tan siquiera hemos hablado de ello en la reunión de hoy”, aseguró Artadi.
De lo que sí habló, en cambio, fue del nombramiento de los delegados territoriales en Catalunya, que aprobó: Juli Fernández (Barcelona), Pere Vila (Girona), Ramon Farré (Lleida), Òscar Peris (Tarragona), Alba Camps (Catalunya Central), Xavier Pallarès (Terres de l’Ebre), Pere Regull (Penedès) y Rosa Amorós (Alt Pirineu i Aran).
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