Vecinos y ecologistas tachan de “ilegal” la urbanización de Aiguafreda
La plataforma, que no descarta ir a los tribunales, pide al Ayuntamiento que desclasifique el suelo urbanizable
Frente común de vecinos de Begur y entidades ecologistas para impedir la construcción de nuevos chalets en la cala Aiguafreda, actualmente edificada en un 20% de su superficie. La plataforma que los aglutina, Salvem la Cala d’Aiguafreda, califica de “ilegal” el plan de reurbanización del Ayuntamiento que abriría la puerta a la construcción en 70 hectáreas de 264 nuevas viviendas, según los ecologistas, (180 sólo según el Consistorio) en esta urbanización de la Costa Brava, proyectada en 1975 y desarrollada principalmente en la década de los 90. El abogado de la plataforma, Eduard de Ribot, señaló ayer una quincena de irregularidades cometidas por el Consistorio a quien pidió que “desclasifique” los terrenos objeto de nuevas edificaciones, ya que de no hacerlo incurriría en “un nuevo atentado paisajístico en la Costa Brava”.
La entidad presentó alegaciones a la modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que prevé completar los servicios básicos (luz, agua, alcantarillado, pavimentación...), paso previo a la futura construcción de viviendas. Iban acompañadas de un millar de firmas de oposición al proyecto, que está investigando el Síndic de Greuges .
De Ribot aseguró que el Ayuntamiento no ha realizado ningún estudio de impacto ambiental, de integración paisajística y de movilidad en un ámbito, que de aprobarse la modificación del POUM, podría suponer una población extra de cerca de mil habitantes. La vecina y miembro de Ecologistes en Acció Lydia Chaparro destacó los “graves problemas” de movilidad que existen en verano en la zona. El alcalde, Joan Loureiro, aseguró hace unos días que no tiene obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, aunque anunció que lo encargará para determinar si los servicios proyectados serán suficientes para aguantar la presión de nuevos chalets en al zona.
El abogado de la plataforma asegura que el plan municipal es ilegal porque infringe el deber de clasificar como suelo no urbanizable los terrenos que son bosques y masas forestales y porque permite edificar en zonas con pendientes superiores al 20%, algo, asegura, prohibido por la ley de Urbanismo. También sostiene que la posible construcción de 264 nuevas viviendas, tres hoteles y 145.000 metros cuadrados de techo en Aiguafreda vulnera “el principio de desarrollo urbanístico sostenible” y generaría un gran impacto ambiental, paisajístico y visual.
Además afirma que el plan no respeta los conectores naturales e incluye como suelo urbano la riera de Aiguafreda y torrentes próximos, accidentes geográficos que junto con la zonas de bosque y con pendientes superiores al 20% deben excluirse del plan, según Ribot.
Por esas razones, la Plataforma Salvem la Cala d’Aiguafreda reclama al Ayuntamiento que dé marcha atrás y desclasifique todo el ámbito. El alcalde siempre ha mantenido, que de hacerlo, debería pagar con indemnizaciones millonarias a los dueños de los terrenos. Sin embargo, de Ribot pone en duda de que se deba indemnizar a unos promotores que en 45 años no han urbanizado el sector ni han extendido los servicios básicos (alumbrado, pavimento, saneamiento), actuación que quiere impulsar ahora el Ayuntamiento. La entidad cuenta con el respaldo de varias entidades ecologistas como los Naturalistes de Girona. Su portavoz, Sergi Nuss, dice que el plan que afectaría la cala “es obsoleto” y un ejemplo de que una vez superada la crisis “el ladrillo vuelve a ser el protagonista”.
Desde la Plataforma Salvem la Cala d’Aiguafreda han iniciado una campaña de mecenazgo para recaudar fondos para los gastos del proceso, que no descartan que pueda llegar a los tribunales.
El Ayuntamiento no quiere desclasificar el terreno porque asegura que no podría afrontar las indemnizaciones