Renovada Carta Magna
Sandra Barneda escribe: “Todos los avances sociales deberían aparecer en la Constitución; incorporando nuevos derechos como el de una vida libre de violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la conciliación y, por supuesto, el derecho al trabajo de hombres y mujeres en igualdad de condiciones”.
Con el nombramiento de la vicepresidencia de Igualdad, era de esperar que este nuevo Gobierno sembrara el camino con propuestas que movilizaran la erradicación de modos o usos pretéritos. El anuncio esta semana de Carmen Calvo de adaptar la Constitución a un lenguaje más inclusivo que tenga en cuenta ambos géneros ha movilizado a los académicos de la RAE. Su director, Darío Villanueva, aseguró con rotundidad que no existe “la más mínima posibilidad de reformar la Constitución” porque no hay un clima político para ello. Villanueva ha pedido la disolución de las Cortes e incluso convocar un referéndum para consultar a la ciudadanía.
El escritor y académico Pérez-Reverte –a través de su disparadero oficial: su cuenta de Twitter– ha dejado claro que si se modifica la Carta Magna él abandona la RAE. No ha tardado la diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid a responder con sorna a Reverte en redes –“De los 46 académicos que tiene la RAE, sólo 8 son mujeres. Por eso queremos agradecer al compañero Reverte que esté dispuesto a dar un paso a un lado”– . Haciendo repaso a la historia y circunstancias,
La RAE, esta institución que, a lo largo de su historia, ha dado muestras de su petulancia misógina y clasista
de los diputados y senadores que en 1978 aprobaron el proyecto de Constitución que salió de la comisión paritaria mixta, el 92% eran hombres y el 8% mujeres. La cuestión es plantearse si en aquel ambiente sobradamente descrito como de consenso, se escucharon las demandas de los movimientos asociativos de mujeres que demandaban a los partidos políticos una igualdad de derechos con respecto a los hombres.
La Constitución concedió la igualdad de los cónyuges, la equiparación entre los hijos legítimos e ilegítimos y una ambigüedad genérica en el derecho a la vida reconocido en el artículo 15, posibilitando regular a posteriori el derecho al aborto. El artículo referente a la Corona (artículo 57. Título II) que hace prevalecer al varón sobre la mujer, hizo que todas las mujeres, excepto la que votó a favor, abandonaran el pleno en señal de protesta. A lo largo de estos 40 años, las peticiones feministas se han usado como moneda de cambio en los partidos políticos a modo de aprobación de leyes pero sin modificación en la Carta Magna.
Todos los avances sociales deberían de aparecer en la Constitución; incorporando nuevos derechos como el de una vida libre de violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la conciliación y, por supuesto, el derecho al trabajo de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. La filósofa Amelia Valcárcel considera que “no existe un camino más eficaz que blindar el feminismo en la Constitución, para que –matiza– lo que fueron meras recomendaciones por la igualdad se conviertan, por fin, en leyes imperativas”.
El estudio encargado por la vicepresidenta Calvo a la RAE parece varado por esta institución que, a lo largo de su historia, ha dado muestras de su petulancia misógina y clasista. Quizás el error sea encargar la tarea a la RAE, una institución donde apenas están representadas las mujeres. “No deberían ser los únicos que asesoren al Gobierno, hay muchas lingüistas, filólogas e incluso mujeres del mundo del periodismo cuyas opiniones se podrían recoger”, afirma la directora del Observatorio de Género de la UAB, Joana Gallego. Es tiempo de abrir la Constitución y releerla con sumo mimo.