Discrepancias judiciales

El Gobierno sostiene que la justicia española no queda dañada por la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein sobre la extradición de Carles Puigdemont.

“La justicia española no queda dañada”, defendió ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, después de que el juez Pablo Llanera perdiera el pulso mantenido con el Tribunal de Schleswig-Holstein por la entrega a España de Carles Puigdemont. “El Gobierno no entra, respeta las decisiones judiciales”, insistió Celaá, que calificó este choque como “conversaciones entre dos instancias judiciales, fruto de la posibilidad que nos da la euroorden”. El Ejecutivo central, por tanto, no se quiere inmiscuir así públicamente en las “discrepancias” que Celaá circunscribió a los dos órganos judiciales, el Tribunal Supremo español y el Superior de Schleswig-Holstein.

Y en cuanto al deseo manifestado por Pedro Sánchez de que todos los acusados por el proceso independentista catalán fueran finalmente juzgados en España, lo que ya no se prevé que ocurra en el caso de Puigdemont, Celaá aseguró que probablemente “toda la ciudadanía” compartía el sentimiento de que quedara zanjado “este conflicto de intereses” entre ambas instancias judiciales.

El Consejo de Ministros, por otra parte, acordó ayer levantar el veto a otras 44 proposiciones de ley –y ya van 62– bloqueadas por el gobierno de Mariano Rajoy, que ahora podrán ser tramitadas en el Congreso de los Diputados. Entre ellas figuran la del Parlament de Catalunya para reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. “Nunca un Gobierno debió ejercer de mordaza o censura previa”, zanjó Celaá.