Antonio M. Guerrero
GUARDIA CIVIL
El agente de La Manada condenado a 9 años por un delito de abuso sexual en los Sanfermines del 2016 seguirá libre después de que la Audiencia de Navarra haya negado que pretendiera huir al intentar renovar su pasaporte.
“La acción en ningún momento estuvo encaminada a incumplir las medidas cautelares”. La Audiencia de Navarra recalca este argumento en el auto hecho público ayer para mantener la libertad provisional de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada, acusado de intentar renovar el pasaporte en la comisaría de Tablada (Sevilla) pese a tenerlo prohibido. La decisión siguió la tónica del resto de resoluciones del tribunal y, de nuevo, se produjo con el voto discrepante de uno de los magistrados.
La Sección Segunda explica que las pruebas aportadas, “desde un punto de vista racional y lógico”, corroboran la versión dada por el condenado a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual en los sanfermines del 2016. Así, como indicó en la vista celebrada el 5 de julio, la sala considera cierto que acudió a la oficina del pasaporte para solicitar información acerca de “cómo cumplimentar el requerimiento de hacer entrega del documento en el plazo de cuatro días” al no encontrarlo y no saber si estaba caducado.
Los magistrados apoyan la tesis en las dos llamadas realizadas por Guerrero al 091 el 22 de junio, apenas unas horas después de abandonar la cárcel de Alcalá Meco, en las que describió “sin ambages su situación y con qué fin quería saber si su pasaporte se encontraba caducado”, ante lo que le respondieron que “debía renovarse sí o sí”. Además, resalta el auto, en esa misma conversación se le explicó que la manera de comprobar el estado de su documento era “acudir a tal efecto a la oficina de su localidad”, motivo por el que el lunes siguiente, a primera hora, el miembro de La Manada se presentó en la sede de Tablada.
Frente a la solicitud de la Fiscalía para el reingreso en prisión de Guerrero “ante el riesgo de fuga” y el “quebranto” de una de las medidas cautelares, la Audiencia de Navarra indica que la reacción de los funcionarios de la oficina y de la propia policía “hace dudar seriamente de que lo sucedido diera lugar a la más mínima alarma”, ya que, recalca, ninguno de los trabajadores avisó al tribunal, no se elaboró ningún atestado y tampoco se remitió comunicación alguna a la autoridad judicial. En esa línea, incide en la forma en la que se tuvo conocimiento de los hechos, a través de un tuit
Antonio Guerrero, acusado de intentar renovar el pasaporte en Sevilla, seguirá en libertad
de la Policía Nacional tres días después.
Como en el auto que decretó la libertad provisional de La Manada, la resolución de ayer cuenta con el voto discrepante del presidente de la sala, José Francisco Cobo, quien cree “contradictorio” el relato de Guerrero según el cual únicamente pidió información. El juez destaca la “falta de transparencia en las gestiones realizadas” y que “tan sólo cuando surgió la alerta manifestó a la funcionaria que le estaban pidiendo el pasaporte en el Juzgado y no tenía interés en obtenerlo”.
Igualmente, Cobo califica la actuación de Guerrero de “innecesaria” ya que “conocía la prohibición de obtener un pasaporte”. Frente al argumento de la reacción policial, insiste en que la incidencia debió “ser puesta en conocimiento de este tribunal de inmediato”.