Investigado el PDECat por el 3% como sucesor de CDC
De La Mata considera que el nuevo partido fue mero continuador de CDC
El auto describe pagos encubiertos a través de donaciones a CatDem y Fòrum Barcelona
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó ayer un auto por el que incluye en la investigación sobre el caso 3% a CDC y también al PDECat, como personas jurídicas, considerando que este último fue mero continuador del primero y está sujeto a las mismas responsabilidades. El magistrado les acusa de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, y les insta a nombrar abogado y procurador.
El PDECat, a su vez, dio a conocer un comunicado en el que muestra su “más absoluta disconformidad e incredulidad” por esta decisión. La formación añade que fue creada en el 2016, haciendo de “la transparencia y las buenas prácticas una de sus señas de identidad”.
De la Mata lleva a cabo en su auto una serie de valoraciones sobre el caso 3% en el que fija por primera vez su visión de los hechos. En este sentido, empieza por describir en qué consistieron a su juicio las prácticas de financiación de CDC. Afirma a este respecto que la investigación se centra en la actividad de altos cargos de dicha formación política, quienes en relación con otros cargos públicos y funcionarios de diversas administraciones e instituciones de Catalunya crearon una estructura para financiar ilegalmente a Convergència.
El sistema –explica el juez– pasaba por aportar fondos al partido de forma encubierta mediante “donaciones” a fundaciones ligadas a la organización, como CatDem y Forum Barcelona. Los impulsores de este método actuaron “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos”, con la finalidad de”dirigir” las concesiones hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido. En esencia, por tanto, De la Mata asume y hace suyas las líneas maestras de la investigación ya realizada anteriormente por el juzgado de El Vendrell, que inició la instrucción de la causa, inhibiéndose en febrero de este año a instancias de la Fiscalía.
Entre los motivos por los que el magistrado dirige ahora la acción penal contra CDC y el PDECat, el auto explica que los órganos directivos de Convergència tenían conocimiento de las irregularidades existentes en la financiación de la organización. Añade que el partido “carecía de normativa de control interna”, a pesar de que el Tribunal de Cuentas había advertido en sus informes sobre la posible falta de ajuste legal que pudiera derivarse “de los pagos a través de los cuales sus fundaciones vinculadas” traspasaban a la formación “buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.
El auto destaca que las “donaciones” irregulares detectadas ascienden a 1.000.000 de euros, tras cifrar en 218.759.664,19 euros el total de licitaciones comprometidas y en 168.706.262 euros el importe de las adjudicaciones. De la Mata describe el paso de diversas personas vinculadas con la responsabilidad de la gestión económica –Daniel Osàcar, Germà Gordó, Oriol Pujol, entre otros– y sostiene que “la operativa se mantuvo (...) a pesar de los cambios producidos en las personas jurídicas intervinientes”.
El partido investigado habla de “incredulidad y disconformidad” ante la resolución de la Audiencia Nacional