Merecido multazo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha multado por incumplimiento de salubridad de nuestras aguas residuales urbanas. Son 12 millones de euros, más la friolera de 11 más cada seis meses si la cosa se retrasa. Cansados de advertencias nos ha llegado la sanción millonaria después de treinta años de incumplimiento.
Son diecisiete las aglomeraciones urbanas, la mayoría en Andalucía, que no cumplen con los requisitos de salubridad. Ha llovido mucho desde que en 1991 salió la normativa. Nada menos que cinco presidentes del Gobierno; dos del PP y tres del PSOE y ninguno ha impedido la multa millonaria. Paciencia se ha tenido; dejadez, también. El consuelo de tontos es que no somos los únicos que estamos en la lista de incumplidores.
Grecia, Italia, Luxemburgo y Portugal nos acompañan. La recién nombrada ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantó lo que estaba a punto de llegar. El gobierno anterior calculó y cifró en millones de euros el coste de las depuradoras necesarias. El Alto Tribunal ha sido taxativo y ha rechazado los argumentos de defensa del Gobierno para justificar los hechos. Ni las dificultades
Que me explique alguien por qué la partida para defensa sube un 6% y la de medio ambiente baja un 56% desde el año 2008
jurídicas, ni los problemas económicos a raíz de la crisis eximen a España de cumplir con sus obligaciones. Habrá quien crea que es un problema menor, como todo aquello que hace que nuestro planeta esté cada vez más deteriorado. Lo cierto es que, hablando en términos cuantiosos: más de 1.000 millones de toneladas de aguas residuales son vertidas anualmente al agua subterránea, a los lagos y océanos del mundo, metiendo aceites, detergentes, metales pesados, pesticidas… decenas de productos químicos que contaminan el medio ambiente y suponen uno de los problemas más urgentes que solucionar.
China ha admitido una cifra que da escalofríos: el ochenta por ciento de sus ríos están contaminados; Estados Unidos, dos de cada cinco y lejos de detenerse, los porcentajes aumentan por la falta de consciencia mundial. En España existe la legislación adecuada para sanear nuestras aguas con el Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales; leyes estatales sobre el manejo y tratamiento de vertimientos…
¿Cuál es el problema? La debilidad institucional para fijar objetivos en calidad de protección y conservación de nuestro medio ambiente. Insuficientes problemas de control, de información y de concienciación. Pagamos la multa y me atrevo a decir que habrá quien lo vea más rentable que el desembolso necesario para, como mínimo, cumplir la normativa europea de hace treinta años. Me gustaría que me explicaran por qué, en los presupuestos generales del Estado, sube más de un 6% la partida para defensa ¡Más de ocho mil millones de euros! Y por qué desde el 2008 la partida para medio ambiente ¡se ha reducido un 56%!
España cojea en impuestos verdes; es decir, ¡quien contamina, no paga! La fiscalidad ambiental representa sólo el 5% de los impuestos que se recaudan. El mundo cambia y los presupuestos generales del Estado siguen estructurándose según la primacía de hace cuarenta años. Dar un volantazo significa replantearse de nuevo las prioridades y darnos cuenta de que hay que defender nuestro verde; nuestro principal aliado para una vida saludable. Hacernos patriotas de nuestra tierra, de nuestros campos, de nuestras aguas, de eso depende nuestro futuro.