El Gobierno devuelve la sanidad universal a los simpapeles
La asistencia se liga al concepto de ciudadanía y no al de asegurado
El Gobierno aprobó ayer el real decreto que modifica la reforma del PP que excluyó de la asistencia sanitaria a diversos colectivos, como los inmigrantes en situación irregular, y que devuelve la sanidad universal al ligar la atención al concepto de ciudadanía y no al de asegurado.
“Una sociedad justa no deja a nadie atrás”, subrayó la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que insistió en que desde hoy “en España se recupera la universalidad en el derecho a la salud”.
Y lo hace, “gracias a una norma que viene a armonizar y a dar cohesión al sistema nacional de salud, que genera igualdad y equidad en el acceso y que da seguridad jurídica a las personas, a los profesionales y a las administraciones públicas”.
Montón ya transmitió hace seis semanas al Gabinete su intención de abrir un proceso dialogado para la recuperación del derecho a la salud para todas las personas “y hoy esto se cumple”, afirmó. Según la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, con esta normativa el Ejecutivo cumple uno de sus principales compromisos, que es devolver a los ciudadanos los derechos que ha arrebatado la crisis, como los sanitarios. La ministra de Sanidad quiso recordar que esta filosofía emana de la ley de Sanidad aprobada con Ernest Lluch en 1986.
La norma aprobada ayer define a los titulares del derecho a la atención sanitaria, como lo son las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España. También aquellas que, no teniendo su residencia habitual en España, tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en el país “por cualquier otro titulo jurídico”, como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores desplazados y los transfronterizos.
Además, son titulares del derecho a la salud los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España en las mismas condiciones de atención que las personas con nacionalidad española. Para estos últimos se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal de 90 días, será necesario la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.
La ministra resaltó que la universalidad no supone un sobrecoste para el SNS, sino que favorece su sostenibilidad, ya que la asistencia “normalizada” en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o ser hospitalizados, lo que implica mayor gasto sanitario.
La asistencia normalizada en atención primaria permite más control de las enfermedades