Fianza de 78 millones a Rosell
La juez abre juicio oral contra el expresidente del Barça, para quien el fiscal pide 11 años
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela –ascendida esta semana a magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS)– dictó ayer un auto por el que acuerda abrir juicio oral contra el expresidente del Barcelona Sandro Rosell, imponiéndole una fianza de 78,6 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Este auto se produce a los pocos días de que la Fiscalía diera a conocer su calificación provisional de los hechos, considerándolos constitutivos de un delito continuado de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal, por los que pide un total de 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros.
Catorce meses después del ingreso del expresidente del Barça en la cárcel la causa se acelera ahora para desembocar en el juicio oral. Rosell ha pasado todo este tiempo en prisión incondicional, porque a juicio de la juez Lamela existía riesgo de fuga por las relaciones y los intereses que el imputado tiene fuera de España. De nada han valido las alegaciones de Rosell sobre su arraigo familiar en España y sobre el control que el juzgado ya ejerce sobre dichos intereses y bienes. La magistrada reitera ahora que no han cambiado las circunstancias que determinaron su decisión de prisión incondicional, y la mantiene, así como la del abogado andorrano Joan Besolí, socio de Rosell. Para dicho letrado, que actuó desde una gestoría en Andorra, la Fiscalía pidió un total de diez años de cárcel.
El auto de la magistrada Lamela toma como punto de partida la calificación de la fiscal encargada del caso, María Antonia Sanz, y aporta como decisión relevante la fijación de las mencionadas fianzas de responsabilidad civil, todas ellas muy elevadas. La que se le exige a Besolí es de 72,3 millones de euros, y la reclamada a la esposa de Rosell, Marta Pineda, se cifra a su vez en 66 millones de euros.
A todos ellos la magistrada les da un plazo de 24 horas para depositar la fianza, bajo apercibimiento de que, en caso de que no lo hagan, se procederá al embargo de sus bienes para cubrir las cantidades reclamadas. El letrado Pau Molins, defensor de Rosell, se quejó ayer a la vista de las peticiones de la Fiscalía y las decisiones de la juez. Molins subrayó que “las penas y multas pedidas por la Fiscalía son las máximas previstas por el Código Penal”, y consideró que se trata de “una desproporción absoluta para intentar justificar una prisión preventiva que es injustificable”. El letrado lamentó que “no se han tenido en cuenta las pruebas de descargo aportadas durante la fase de instrucción”.
Con la apertura del juicio oral, el caso Rosell se encamina hacia el último acto de un proceso basado en la acusación de que el expresidente del Barça se benefició de los contratos obtenidos para la retransmisión
LA REACCIÓN
La defensa del exdirigente blaugrana subraya que la caución y la pena pedida es la mayor del Código Penal
de 24 encuentros amistosos de la selección de Brasil, en conexión con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira. En todo caso, la comisión supuestamente recibida por Rosell habría ascendido a 6.580.000 euros. La defensa destaca, por tanto, la diferencia entre esta cantidad y la fianza que ahora se le ha impuesto. El dinero habría sido blanqueado luego a través de una red de sociedades con participación de terceras personas que también están procesadas en esta causa y para las que se solicitan penas situadas entre los 6 y los 8 años de prisión.