El Gobierno lanza un plan de choque contra el fraude laboral y el subempleo
En el 2018 se convocan 30.844 plazas de empleo público, el récord de la década
El Gobierno aprobó ayer un bloque de 77 medidas para luchar contra el fraude en la Seguridad Social, que incluirá un aumento del 23% en la plantilla de los inspectores de trabajo y un aumento de su presupuesto del 10%, equivalente a una aportación adicional de 30 millones de euros en dos años, según anunció ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
El plan director por un Empleo Digno quiere centrarse en detectar el fraude en los contratos temporales que cubren actividades permanentes, los contratos parciales por lo que se cotiza menos de los que realmente se trabaja, en los falsos autónomos, las horas extraordinarias no cotizadas, los falsos becarios y la brecha salarial. Su principal objetivo, según reconoció la ministra la semana pasada tras reunirse con los agentes sociales, es aumentar los ingresos de la Seguridad Social. “En la situación actual, los recursos son los que son pero las necesidades son muchas, por lo que es fundamental que aquellos que no pagan, paguen, y que los que no pagan todo, paguen la totalidad”, enfatizó.
La ministra explicó que la inspección de trabajo cuenta ahora con 1.876 inspectores y subinspectores que el año pasado realizaron un millón de actuaciones y afloraron 1.215 millones de euros de ingresos extras, por lo que según la ministra el aumento de los recursos, para contratar 833 nuevos inspectores y subinspectores, “es una inversión, no un gasto”, que a su juicio hará aflorar “muchos cientos de miles de puestos de trabajo irregulares” y aumentar la recaudación.
El plan incluye también reforzar los medios informáticos de la Seguridad Social, ahora mucho peores que los de Hacienda. Para ello se creará un programa informático para que la Inspección de Trabajo vaya “a tiro hecho, no tanteando” a las bolsas de fraude, cruzando los datos fiscales y los de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Igualmente, la ministra avanzó que se endurecerán las sanciones para los empresarios que contraten en fraude de ley, que serán penalizados por cada uno de los trabajadores afectados, y no por el total.
Estas medidas, reconoció la ministra Valerio, no solucionan la precariedad y la explotación laboral, objetivos que necesitan “adoptar reformas normativas, que deben enmarcarse en el diálogo social y en el diálogo político en el Parlamento”.
El Gobierno avanzó ya a los agentes sociales un borrador del plan, con algunas de las medidas que va a aplicar. Así, en el sector de la educación, Trabajo se propone erradicar la contratación temporal fraudulenta de profesores, con contratos que cubren sólo el curso escolar y que se extinguen en vacaciones.
En la hostelería y el comercio, la inspección se centrará en comprobar que los contratos, tanto a tiempo completo como a con jornadas parciales, se correspondan con las horas efectivamente trabajadas. Para ello, los inspectores realizarán visitas en horario especial (nocturnas, en fin de semana y festivos), con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tendrán refuerzos temporales en verano en las zonas turísticas.
El plan controlará también los horarios que superan las jornadas legales en sectores como el comercio, la hostelería, telemarketing, empresas de seguridad, sector sanitario y de servicios sociales, transporte y distribución de paquetería. En estos dos últimos, señaló el ministerio, la elevada carga de trabajo se asocia a una mayor siniestralidad laboral, especialmente en los trabajadores temporales. Igualmente, Inspección tratará de detectar a los “falsos autónomos”, que escondan peores condiciones laborales a trabajadores que, en realidad, son asalariados.
Por otra parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció que el Gobierno tiene previsto convocar este año 30.844 plazas en la Administración General del Estado, en lo que será la mayor oferta de empleo público de la década y que supondrán la creación de 1.909 nuevos puestos de trabajo, ya que el resto son puestos ahora ocupados de forma interina. El Consejo de Ministros aprobó ayer varios decretos, con ofertas de 23.156 plazas que, se suman a las 7.688 ya convocadas en abril para docentes, policías y militares. En concreto, el Gobierno aprobó un real decreto para una oferta de empleo ordinaria de 17.299 plazas, de las que 11.095 será de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna, gracias a las que se crearán 1.909 empleos netos. Otros decretos convocan 323 plazas para la atención a asilados y refugiados; una oferta para convertir en fijas 2.862 plazas interinas de la Administración General del Estado y otras 2.672 plazas en la Administración de Justicia.
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En el 2017 más de un millón de inspecciones afloraron 1.215 millones de ingresos extras
REFUERZO INFORMÁTICO
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