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La gravedad de la situación creada por la huelga de los taxistas, y el endurecimiento de las penas por utilizar el teléfono móvil al volante.
ANTE un conflicto tan grave como la huelga de los taxistas, que se extiende desde Barcelona a numerosas ciudades del país, los representantes del sector del taxi y los del Ministerio de Fomento no deberían haberse levantado de la reunión negociadora celebrada ayer hasta llegar a un acuerdo. No fue así, y el conflicto corre el riesgo de enquistarse. La continuación del paro de los taxistas, junto con el bloqueo de arterias estratégicas de varias ciudades, con independencia de sus reivindicaciones, genera una auténtica situación de emergencia ciudadana que no tiene, por el momento, la adecuada respuesta por parte de las autoridades.
El negociador gubernamental, el número dos del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, asumió ayer la principal reivindicación de los huelguistas de regular definitivamente la concesión de una licencia de los llamados vehículos de turismo con conductor (VTC), cuyos principales operadores son Uber y Cabify, por cada treinta de taxi. Pero los plazos que dio para concretar ese compromiso no han satisfecho a los taxistas. No les basta la declaración que el Gobierno ha prometido hacer tras el Consejo de Ministros del próximo viernes en apoyo de esta medida ni que la normativa legal necesaria para arbitrarla se aplace hasta un decreto ley que se promulgaría el próximo 14 de septiembre. Los ánimos de los taxistas están muy exaltados, han apostado muy fuerte con sus movilizaciones y no están dispuestos a poner fin a estas si no obtienen respuestas concretas e inmediatas a sus reivindicaciones.
Para la solución del conflicto es necesaria buena voluntad por las dos partes. Los taxistas, con su huelga total y con el bloqueo que hacen de algunas céntricas calles, ya han demostrado su capacidad de movilización y depresión. Llegado sal punto actual, como decíamos ayer, deberían abrir un periodo de tregua para no perjudicar más a los ciudadanos, a los turistas, al comercio y al conjunto de la economía. El daño infligido a la imagen de Barcelona es ya muy grave.
Desde el punto de vista del Ministerio de Fomento, y una vez asumida la principal reivindicación de los taxistas, debería hacerse un mayor esfuerzo para acelerar los trámites y los plazos para establecer la adecuada regulación lo antes posible. Aplazar el problema de reunión en reunión no parece lo más operativo. Ahora se está a la espera del encuentro que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantendrá mañana miércoles con las comunidades autónomas para analizar la posibilidad de transferirles a ellas la competencia de la concesión de las licencias VTC o, en su caso, a los ayuntamientos que, como el de Barcelona, ya han tomado medidas que han sido desautorizadas por la justicia.
Mientras se prolonga la huelga de los taxistas, en cualquier caso, tanto las autoridades municipales como las autonómicas deberían activar al máximo el mayor número de medidas alternativas para minimizar sus efectos, como podría ser –entre otras– el refuerzo de todos los demás medios públicos de transporte –incluidos los VTC– y establecer, además, autobuses lanzadera en los principales centros de recepción del turismo. Igualmente habría que estudiar la posibilidad de obligar a los taxistas, dado el servicio público que prestan, a cumplir servicios mínimos, como sucede en otras huelgas del transporte. O incluso habría que estudiar hasta qué punto es legal el bloqueo de la movilidad urbana y exigir responsabilidades judiciales por ello. El derecho de los taxistas a defender sus reivindicaciones choca con el derecho de los ciudadanos a la movilidad. Desde aquí, en cualquier caso, pedimos nuevamente a los taxistas que opten por la tregua hasta ver cómo se concretan las promesas de solución que ha hecho el Gobierno.