Macri pide a la justicia que demuestre que “no hay impunidad” en Argentina
El escándalo de los cuadernos de la corrupción kirchnerista apunta a que puede convertirse en un punto de inflexión. Si la justicia confirma su autenticidad, los datos anotados durante una década en ocho libretas escolares por Óscar Centeno, el chófer de un viceministro, detallando la supuesta entrega de bolsos con sumas millonarias por parte de constructores a altos funcionarios y al propio matrimonio Kirchner, supondrían abrir una puerta poco explorada en este país: la imputación masiva a empresarios por pagar sobornos, cuando tradicionalmente la mirada de los jueces se ha centrado en los políticos que los recibían.
“Este escándalo va a salpicar a varios empresarios y es lógico que así pase”, dijo el viernes el presidente Mauricio Macri en una reunión con algunos ministros, según filtraron fuentes de la Casa Rosada. “Hoy más que nunca necesitamos que la justicia nos diga si eso es verdad y que nos demuestre que no hay más impunidad en la Argentina”, declaró ayer Macri en un acto público.
Tanto por la forma como supuestamente eran abonados los sobornos –en efectivo y en oscuros garajes subterráneos–, como por las detenciones de empresarios, el caso se compara con el macroescándalo de corrupción brasileño en Petrobras. El juez Claudio Bonadio ha imputado por asociación ilícita a 36 personajes citados en los cuadernos, entre ellos la expresidenta y senadora Cristina Fernández. Bonadio dictó prisión preventiva para la mitad. De esos 18, once son empresarios –nueve ya fueron detenidos y dos aún estaban ayer prófugos–, la mayoría cercanos al kirchnerismo pero no todos, como Javier Sánchez, exdirector general de Iecsa, constructora propiedad hasta hace poco de Ángelo Calcaterra, primo de Macri; o Juan Carlos Goycoechea, exresponsable de la filial argentina de Isolux, que el año pasado fue despedido por la multinacional española al destaparse precisamente que había pagado sobornos a funcionarios. Centeno también está detenido –como arrepentido–, así como su exjefe y recaudador de las coimas, Roberto Baratta, exsecretario de Estado de Coordinación del Ministerio de Planificación.
Bonadio ordenó registrar tres propiedades de Fernández, a la que ha citado a declarar el 13 de agosto, pero el juez necesita que el Senado autorice los registros porque la expresidenta tiene inmunidad parlamentaria. El caso estalló el miércoles, casualmente cuando Fernández se estaba disparando en las encuestas para las presidenciales del año próximo, al mismo tiempo que Macri caía en picado por la desilusión generada al no haber mejorado la situación económica.