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El desequilibrio en el sistema de financiación autonómica, y los problemas sociales que puede causar la exposición a situaciones dramáticas.
UN año más el vigente sistema de financiación autonómica certifica que el principio de ordinalidad no existe. Como consecuencia de ello Catalunya, que es la tercera comunidad que más recursos aporta a la caja común, ha vuelto a ser la décima en ingresos recibidos del sistema. Así lo constata la Generalitat después de analizar la última liquidación del modelo, correspondiente al 2016.
Según los cálculos realizados, Catalunya se sitúa 19,2 puntos por encima de la media de todas las comunidades en recursos aportados, con 2.663 euros por habitante, mientras que la posterior redistribución la sitúa 1,7 puntos por debajo, con 2.380 euros per cápita. La posición de Catalunya, además, empeora al computar el impacto del diferencial de precios. En ese caso retrocede hasta la decimocuarta posición y se sitúa un 11,7% por debajo de la media.
La autonomía más beneficiada es Cantabria, que es la quinta que más aporta pero la que más recibe, el 29% por encima de la media. Luego se sitúa La Rioja, sexta que más aporta y segunda que más recibe, con un 22% más que la media; y Extremadura, que ocupa el decimocuarto lugar por recaudación y que recibe el 17% más que la media. De hecho, si se tiene en cuenta el coste de la vida, Extremadura es la que recibe más recursos por habitante.
Como denuncia la Generalitat, los datos citados ponen de manifiesto que los mecanismos de redistribución del sistema de financiación fomentan un reparto arbitrario de los recursos. Ello discrimina a Catalunya, ya que otras comunidades con una aportación muy por debajo de la media reciben sistemáticamente más recursos por habitante. Lo mismo les sucede a Madrid, que pasa del primero al undécimo lugar, y a Baleares, que pasa del segundo al noveno.
Hay que resolver de una vez por todas la incongruencia que supone que los ciudadanos de las comunidades más solidarias resulten perjudicados con respecto a los de las autonomías que reciben las ayudas. El actual sistema de financiación ha fracasado definitivamente en la necesidad de lograr un mayor equilibrio interterritorial.
Garantizar la aplicación del principio de ordinalidad, de forma que haya una mayor coherencia entre lo que aportan los contribuyentes de una comunidad y lo que finalmente reciben tras la redistribución de los recursos, debería ser uno de los principales retos del nuevo sistema que está pendiente. De momento, según ha dicho el Gobierno de Pedro Sánchez, el asunto quedará para la próxima legislatura. En las negociaciones bilaterales que se han iniciado con la Generalitat debería abordarse la situación de las finanzas catalanas, ya que año tras año resultan discriminadas; y el Govern, trabajar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para lograr una mejora del sistema.
A juicio de la Generalitat, lo primero debería ser aplicar correctamente el modelo vigente para reducir el perjuicio de Catalunya. Ello exigiría, entre otras cosas, ajustar la determinación de los anticipos que paga el Estado a las comunidades, que habitualmente están por debajo de la recaudación real; hacer efectiva la financiación para competencias específicas como las de los Mossos d’Esquadra, y el cumplimiento de la inversión en infraestructuras prevista en la disposición adicional tercera del Estatut.
En cualquier caso no se puede mantener por más tiempo una distribución tan injusta en la financiación autonómica por habitante. Hay que encontrar un equilibrio que permita mantener la solidaridad interterritorial de forma que se respete el principio de ordinalidad y que los mecanismos de nivelación no penalicen a las comunidades que más aportan.