Entre redadas y cursos de formación
Los manteros son un problema histórico en Buenos Aires, aunque la actividad se redujo en un 41% el último año, según un estudio privado, gracias a la incesante presión policial y al diálogo entre Ayuntamiento, comerciantes y manteros.
Pero hay que comprender las particularidades argentinas para entender este giro. A finales del 2015, la victoria en las elecciones presidenciales del conservador Mauricio Macri, hasta entonces alcalde de Buenos Aires, supuso que el Gobierno nacional adquiriera el mismo color que el municipal. Hasta ese momento, la capital contaba con un incipiente y pequeño cuerpo policial, pero dependía sobre todo de la Policía Federal, a las órdenes de la Casa Rosada. El triunfo de Macri sirvió para concretar el traspaso de 19.300 agentes federales a la nueva Policía de la Ciudad.
Con tal cantidad de efectivos a sus órdenes, el nuevo alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, dejó claro que pensaba aplicar la mano dura contra los manteros, y en enero del 2017 ordenó desalojar a 1.882 vendedores ilegales que había plantados alrededor de la estación de tren del céntrico barrio de Once. Algunos llevaban 15 años ocupando la acera, exactamente en el mismo lugar, y en muchos casos con estructura de puestos y logística para guardar la mercadería en almacenes cercanos. Once concentraba entonces la cuarta parte del comercio ilegal de la capital argentina, y se calcula que sólo en diciembre del 2016 esos puestos movieron 17 millones de euros.
El desalojo provocó graves disturbios, pero representó un punto de inflexión. El conflicto se pacificó gracias a la implicación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que lleva años luchando contra la actividad de los manteros, no sólo por la pérdida de ingresos de los comercios sino también por la venta de productos falsificados. El Ayuntamiento censó a un millar de vendedores ilegales que realizaron un curso de dos meses de técnicas de venta y además recibieron unos 730 euros pagados por la patronal. La ciudad les ofreció instalarse en unos galpones donde vender de manera organizada sus productos siempre que puedan demostrar que se trata de mercadería legal. Un desalojo, seguido de cursos similares, se produjo en enero de este año en el barrio de Liniers.
Al margen de estas experiencias, los manteros se extienden por todas partes, también en las localidades del extrarradio, como La Salada, apuntada como el mayor mercado ilegal de Latinoamérica hasta que también el año pasado empezó a notar la presión policial.
Otro punto caliente es la transitada calle Florida, que en el 2011 fue el primer punto donde el gobierno del entonces alcalde Macri estableció la tolerancia cero. En aquel desalojo también hubo incidentes y finalmente a los manteros se les permitió establecerse sólo en un extremo de la calle, donde hay menos comercios. En este sentido, el Ayuntamiento distingue entre artesanos, con los que es permisivo, y quienes ofrecen falsificaciones o productos de dudosa procedencia, teniendo en cuenta que los puestos no sólo venden ropa sino también comida.
En los operativos contra los manteros, la policía acude con agentes del servicio de aduanas para comprobar el origen de los productos y con funcionarios del servicio de migraciones para identificar la nacionalidad de los vendedores. Muchos son extranjeros, sobre todo senegaleses, peruanos y bolivianos. /