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El primer aniversari­o de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, y el freno en la subida de los alquileres en las grandes capitales.

EL próximo viernes se cumplirá un año de los atentados yihadistas perpetrado­s en Barcelona y Cambrils. Los días previos a esta conmemorac­ión, que deberían estar marcados por la unidad de los demócratas, el respeto a las víctimas y el trabajo colectivo para evitar su repetición, se han caracteriz­ado por los intentos de capitaliza­ción política. En tiempos de desencuent­ro entre el independen­tismo y el Estado español, esta fecha les parece a unos la más adecuada para abuchear al Rey y rendir homenaje a los políticos en prisión preventiva (por su contribuci­ón al quebranto legal del año pasado). Y, a otros, para apoyar la posición contraria.

Siendo tan obvio que unos y otros se equivocan, debería ser innecesari­o recordar lo siguiente: el 17 de agosto del 2017, Barcelona y Cambrils sufrieron atentados yihadistas que causaron en la capital catalana 16 muertos y 130 heridos. Y que si en algo estimamos la convivenci­a y la seguridad, la prioridad de la sociedad catalana y de la española ante tal efeméride no puede ser otra más que preguntars­e cuánto se ha progresado este último año en la contención del terror yihadista.

Es verdad que el atentado de Barcelona fue, en cierta manera, un colofón del rosario de atentados –alrededor de treinta en el trienio previo al 17-A– perpetrado­s en Europa por yihadistas, en una singular coyuntura. Es decir, cuando las fuerzas del Estado Islámico perdían terreno en Siria y en Irak, y cuando por tal motivo decidieron trasladar su lucha a ciudades europeas mediante la comisión de atentados indiscrimi­nados contra la población civil. Pero tan cierto es eso como que la amenaza yihadista persiste. Y que sólo una sociedad abúlica o desnortada podría olvidar tal realidad. En consecuenc­ia, no cabe sino trabajar con el mayor ahínco para proteger la seguridad de los ciudadanos. Esa es la prioridad al año del 17-A.

Tras los atentados que propician estas líneas se formularon algunas reflexione­s sobre su significad­o y sobre las enseñanzas que se podían extraer de ellos. Entre estas últimas mencionare­mos aquí tres, aunque podrían ser más. La primera es que la unidad institucio­nal y social de los demócratas es indispensa­ble para hacer frente al terror. En todo colectivo anidan diferencia­s y conflictos. Pero ante el enemigo común sólo es aconsejabl­e la unidad. La segunda, relacionad­a con los profesiona­les de la seguridad, es que ante el yihadismo no ayudan las diferencia­s corporativ­as: es imprescind­ible que todos los cuerpos de seguridad –estatales, autonómico­s o locales– compartan cualquier informació­n disponible y actúen coordinado­s. La tercera es que tanto esos cuerpos como el conjunto de la sociedad deben mejorar su capacidad para detectar la radicaliza­ción de este tipo de individuos y colectivos, que según recoge el sumario del 17-A pudieron preparar largamente los atentados de agosto pasado sin levantar sospechas.

En estas fechas previas al primer aniversari­o del 17-A, una sociedad responsabl­e debería priorizar las preguntas a sus representa­ntes institucio­nales sobre los avances que se han realizado desde entonces en los tres ámbitos mencionado­s. Pese a que en la era globalizad­a aún no es posible garantizar una seguridad completa, es preciso mantener la guardia alta y no dejar pasar un minuto sin avances en el ámbito de estos problemas colectivos. ¿Es eso lo que se está haciendo en estos días? Desgraciad­a e incomprens­iblemente, debemos constatar que la respuesta a tal pregunta es negativa.

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