La diáspora rumana levanta Bucarest contra el Gobierno
Segunda noche de protestas tras los 455 heridos el viernes
A los gritos de “¡dimisión!” y “¡ladrones!”, por segundo día consecutivo, y a pesar de los sucesos de la noche del viernes, decenas de miles de personas se concentraron ayer en la plaza Victoria de Bucarest, ante la sede del Gobierno, en protesta contra la corrupción y por lo que consideran maniobras del ejecutivo socialdemócrata para poner la justicia a su servicio. La manifestación, en la misma plaza, reunió a unas 100.000 personas y acabó con nada menos que 455 heridos, 70 de los cuales fueron hospitalizados, entre ellos 11 agentes antidisturbios.
La protesta del viernes no llegó a alcanzar la dimensión de la del 1 de febrero del 2017, con más de 150.000 personas en Bucarest y unas 300.000 en todo el país, la mayor movilización desde la caída del régimen de Ceaucescu en 1989. En aquella ocasión, sin embargo, en la capital rumana prácticamente no se contabilizaron heridos.
Los motivos de la protesta siguen siendo hoy los mismos que entonces: la corrupción del sistema político y judicial y la escasa inversión en servicios sociales. Hay que recordar que la Comisión Europea emitió una advertencia el pasado enero sobre la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción en Rumanía, todo ello a pesar de la asistencia que, con este fin, Bruselas ha prestado antes y después del ingreso del país en la UE.
Imágenes grabadas en la noche del viernes recogen actos de violencia por parte de la gendarmería, que incluyen agresiones a periodistas rumanos y austríacos y a individuos que se hallaban en actitud pasiva. El presidente Klaus Iohannis –quien por otra parte está enfrentado al Gobierno– exigió responsabilidades a la ministra del Interior, Carmen Dan, por “la brutal intervención” policial. Dan respondió que “ningún ministro coordina las actuaciones de la gendarmería” y argumentó que “hooligans agresivos se escudaron en personas pacíficas ante los gendarmes”. En el mismo sentido se pronunció la primera ministra, Viorica Dancila, señalando que entre los manifestantes había “grupos organizados” violentos. El presidente pidió un informe a la fiscalía de la Corte de Casación. Ocho detenidos estaban ayer siendo investigados. El factor diferencial con la protesta de hace año y medio es un hecho inédito: una federación de emigrantes rumanos fue la convocante, bajo el lema “La diáspora viene a Bucarest”. El fin de semana anterior, unos 120.000 rumanos, algunos con banderas en sus coches, cruzaron el paso de Nadlac, entre Hungría y Rumanía. Para muchos, la protesta estaba en sus planes de vacaciones. “La diáspora vuelve a casa, Dragnea cierra la frontera que venimos tres millones”, decía otro de los lemas.
Liviu Dragnea, presidente del Congreso y líder del gobernante Partido Socialdemócrata, es el correoso protagonista de un caso de fraude electoral y otro de corrupción, pero sobre todo, del intento de sus leales en el Gobierno y el Parlamento de librarle de la justicia. Esta maniobra, una reforma judicial, fue lo que disparó la gran movilización del 2017. En junio, Dragnea fue condenado a tres años de cárcel y ha recurrido al Tribunal Supremo. Ayer acusó al presidente Iohannis de ser el “patrocinador de la violencia”.
Pero la diáspora tiene más motivos. Unos 3,5 millones de emigrantes (de una población total de 19 millones), repartidos sobre todo en España, Italia y Alemania, aportan cada año al país unos 4.000 millones de euros en remesas, y en cambio no ven mejoras para sus familias en cuanto a salud, educación o infraestructuras.
Miles de emigrantes regresaron a Rumanía por las vacaciones con la intención de manifestarse