La Fiscalía esperará al juicio del 1-O para evaluar su acusación
La fiscal general abordará en septiembre la estrategia con los responsables del caso Las recusaciones de jueces frustran el deseo del TS de acelerar la vista
En los próximos meses, la fiscal general del Estado, María José Segarra, va a tener que atravesar varios campos minados. Es decir, terrenos en apariencia integrados en el paisaje de la labor profesional para la que ha sido nombrada, pero en los que no se puede dar un paso en falso, y menos pisar donde no se debe. Entre otras, hay dos superficies muy accidentadas en las que los avances y las decisiones tendrán que ser tomadas con especial cautela.
La primera, el caso 1-O y el posible cambio de la calificación del delito de rebelión por otra de menor gravedad. Y la segunda el caso Villarejo, un pozo sin fondo del que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción están tratando de sacar a la luz los manejos de un excomisario de policía acusado de haber hecho durante años de la confección de dossieres y la práctica del chantaje un provechoso modo de vida.
En ambos asuntos no cabe esperar decisiones fundamentales antes del próximo mes de septiembre. Sí podrá haber resoluciones sobre aspectos que puedan ser importantes para personas concretas –en especial en el caso Villarejo–, pero nada que vaya a cambiar sustancialmente la situación procesal de los principales imputados.
En el caso 1-O se ha abierto ahora un paréntesis que el Supremo ha hecho coincidir con habilidad con el mes de agosto. Se trata de dar cauce a trámites procesales de trascendencia relativa. Las defensas, por ejemplo, recibirán la causa para que se informen a fondo del material probatorio recogido. Podrán oponerse al auto de conclusión de la investigación y proponer la práctica de nuevas diligencias.
Si lo piden, van a tener hasta veinte días para esta labor de estudio y confección de propuestas. Con lo cual ya se estará terminando el mes, convirtiéndolo, salvo sorpresa, en un periodo ventana en el que la causa permanecerá latente, con todos los sismógrafos activos, aunque sin que se esperen movimientos de placas procesales tectónicas.
Segarra se ha ido de vacaciones, pero las va a aprovechar en parte para empaparse sobre el proceso penal instruido por los hechos ocurridos en Catalunya en septiembre y octubre últimos. A su vez, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo (TS) encargados del caso han previsto permanecer por turnos en la Fiscalía General para despachar las diligencias y trámites a los que haya que dar salida. El ojo de halcón de la Fiscalía, en suma, no abandona la vigilancia. Dichos cuatro fiscales –Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno– no van a soltar el volante de este proceso judicial en ningún momento. Han estado ahí desde el principio, desde que el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, decidió en octubre último presentar la querella por rebelión con la que arrancó este proceso penal. El diálogo que Segarra vaya a mantener con ellos cuando haya que decidir si se mantiene esta calificación en las conclusiones provisionales de la Fiscalía, sería un gran documento para la historia de esta causa y de la justicia española. Debería recogerse documentalmente, aunque no pudiera hacerse público hasta que transcurran cincuenta años, como sucede en otros países con el material sensible.
Más relevante será, en cualquier caso, un segundo paso, que se dará en la última parte del juicio, cuando la Fiscalía tenga que pronunciarse sobre sus conclusiones definitivas, y sostener o no la acusación de rebelión. Ese momento sí es decisivo y no tiene vuelta atrás. ¿Qué hará Segarra? La fiscal general dijo en su comparecencia en el Congreso, antes de ser nombrada, que siempre actuaría con plena autonomía. En paralelo, es muy obvio el deseo del Gobierno de reconducir el conflicto institucional con Catalunya. De momento, no ha podido dar otro paso que el del traslado de los presos a cárceles catalanas.
Sin embargo, ¿cuál será la situación cuando se celebre el juicio por el caso 1-O? Por otra parte, ¿cómo podría la Fiscalía explicar un cambio de calificación de los hechos, si en todos sus escritos durante el período de instrucción, y no sólo en la querella inicial, ha venido considerándolos como constitutivos de rebelión? En este punto, cabe recordar el precedente de la querella por los hechos del 9-N y el enfrentamiento del entonces fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, con los fiscales de Catalunya.
No es inverosímil, en suma, que Segarra tenga que convocar en su día una Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo para decidir, como se hizo entonces, qué postura debe adoptar la Fiscalía.
Estas posibilidades forman parte de un futuro hipotético, que no se puede descartar. Pero por ahora la aguas no están tan revueltas. El caso 1-O está en la media parte del partido. La Sala Penal del TS, desde luego, no quiere dilatar los plazos, y si estuviera en su mano celebraría el juicio lo antes posible. Los magistrados de esta instancia también se han ido de vacaciones, dejando el motor al ralentí. Una vez concluido el sumario, y hasta el auto de apertura del juicio oral, queda esta fase intermedia de tierra de nadie. A las propuestas que hagan las defensas, una vez estudiada la causa, se les contestará en septiembre.
La respuesta, posiblemente, pasará por la confirmación de la conclusión del sumario, y es poco probable que se admitan muchas diligencias nuevas. Ahora bien, los magistrados de dicha Sala de Enjuiciamiento, la que va a juzgar los hechos del caso 1-O, no se han ido de vacaciones sin nada que hacer en relación con este proceso penal.
Cinco de los siete que probablemente formarán la mencionada Sala han sido recusados por las defensas. Una primera iniciativa de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez cuestionó a cuatro de dichos jueces. Oriol Junqueras, Raül Romeva y Forcadell presentaron otra recusación contra cinco. Y el expresident Carles Puigdemont otra más. En todos los casos figura entre los recusados el propio presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, quien en su día habría de ser, en principio, el ponente de la sentencia.
En esta cuestión, la Fiscalía lo ha tenido fácil. Su tesis, que en ningún momento ha habido motivos para las recusaciones. Una Sala especial del Supremo, llamada del artículo 61, que la prevé, decidirá en septiembre. Es más que probable que las recusaciones sean rechazadas. Las defensas lo saben. Pero se trata de hacer acopio de munición para el posterior recurso sobre el caso 1-O ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Más difícil lo va a tener Segarra cuando haya que resolver qué debe hacer la Fiscalía Anticorrupción sobre las grabaciones del caso Villarejo en las que Corinna zu SaynWittgenstein hacia revelaciones comprometedoras sobre algunas instituciones del Estado. En esas cintas, la propia Corinna también le encargaba al excomisario Villarejo un trabajo para ayudar a un empresario británico. ¿Qué curso seguirá esta investigación y cuál será su final? También sobre este asunto los pasos y las decisiones importantes se tomarán en septiembre próximo.
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