Comer hígado encebollado

Hay quien sostiene que España no es una democracia, sino franquismo edulcorado. Lo dice el independentismo, pero también las jóvenes generaciones de la izquierda española. Según esta interpretación, la fuerza coercitiva que en tiempos de Franco tenía el ejército, ahora la expresarían los jueces. Son afirmaciones falsas y populistas. Pero se hacen sobre datos inquietantes de la realidad: la judicialización de la crisis catalana que promovió el gobierno de Rajoy ha sido determinante en esta interpretación. Lo que la política podía arreglar hablando, los jueces lo complican aprisionando; y lo complicarán más sentenciando. A esta desviación judicial de un problema político hay que sumar las denuncias y juicios contra cómicos, cantantes o tuiteros en virtud de una interpretación ideológica del delito de odio (artículo 510 del código penal). En democracia, los tribunales no están pensados para intervenir constantemente en asuntos ideológicos o de opinión política. La política pertenece a la ciudadanía y a sus representantes; no a los jueces. El debate debe tener lugar en los medios, en las redes sociales y

El mérito cuenta menos en la promoción judicial que la proximidad ideológica

en los parlamentos, no en los juzgados.

Ahora bien, cuando un partido usa los jueces como punta de lanza de su visión de España y de su ideología, perjudica al poder judicial, que aparece ante sectores crecientes de la opinión pública como una correa de transmisión de unos partidos y, por consiguiente, como un adversario más. Esto es lo que ha conseguido el PP en sintonía con Cs.

Preciso: no estoy hablando de casos de corrupción. Como hemos visto con la caída de Rajoy, los jueces están haciendo el trabajo que les corresponde en la cuestión del mangoneo. No hablo corrupción: hablo de visión de Estado, de sintonía ideológica, de maneras de interpretar la libertad y la democracia. En este punto, el poder judicial y la derecha política (PP, Cs) están en franca sintonía. Una sintonía que no sería posible sin una cooptación calculada de cargos judiciales relevantes (¿la llegada de la juez Lamela al Supremo es meritocrática?). El mérito y el prestigio profesional cuentan menos en la promoción judicial que la proximidad ideológica y la cooptación. Estas prácticas dan continuidad a los males tradicionales de la administración española.

Cuando el Estado (especialmente la judicatura, arbitral por definición) está visiblemente inclinado a unas determinadas posiciones ideológicas, deja de ser equitativo, razonable, recto y justo. No es el Estado de todos los ciudadanos, sino sólo de una parte. Y regala argumentos a los que se quieren ir de España; o a los que quisieran voltear el régimen del 78. La decantación ideológica y la promoción selectiva de muchos jueces es una de las causas de la crisis de nuestra democracia. Son adversarios de la paz institucional, de la normalidad política y de la resolución democrática de los conflictos aquellos que quieren romper la baraja. Pero también aquellos que confunden los pasillos del Estado con los de su casa.