Fernández declara como acusada de dirigir la corrupción kirchnerista
La expresidenta argentina denuncia una persecución política y judicial
Argentina ya tiene su Lava Jato. La expresidenta Cristina Fernández volvió ayer a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar como imputada en la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista, un nuevo escándalo que ha provocado un terremoto político y se compara con el caso brasileño Petrobras (también conocido como Lava Jato) porque la acusación se basa en testimonios de arrepentidos empresarios que pagaron sobornos. Fernández se negó a declarar pero presentó escritos donde niega la imputación, recusa al juez y al fiscal y se considera objeto de una “persecución judicial” y política impulsada por el presidente Mauricio Macri, de quien pide sea llamado a declarar.
Con cinco procesamientos a cuestas, la exmandataria es senadora y goza de inmunidad parlamentaria. El juez Claudio Bonadío, quien ya ha procesado a Fernández en otras tres causas, la acusa de dirigir una asociación ilícita para saquear las arcas del Estado –estima la sustracción en 175 millones de euros– y ha vuelto a pedir su desafuero, así como el registro de tres de sus domicilios, el piso del barrio porteño de Recoleta y dos casas en la provincia de Santa Cruz. Está previsto que el pleno del Senado debata mañana si autoriza los registros, aplazando la decisión de retirarle la inmunidad porque la cámara alta acostumbra a no permitir un desafuero sin sentencia firme.
El nuevo escándalo coincide con la pérdida de popularidad de Macri por el deterioro de la situación económica. A la vez, Fernández repunta en las encuestas y ya supera a Macri en intención de voto, con el 22% frente al 20% del mandatario. No obstante, el rechazo a la expresidenta peronista en unas elecciones se elevaría al 62,5%, mayor que el 57% que asegura que nunca votaría al dirigente conservador en las elecciones del año próximo.
A cargo de Bonadio y del fiscal federal Carlos Stornelli, el Lava Jato argentino fue destapado el 1 de agosto por La Nación, coincidiendo con las primeras detenciones de políticos, empresarios y funcionarios. La prueba principal son los llamados “cuadernos de la corrupción”, ocho libretas escolares donde Óscar Centeno, un sargento del ejército retirado que durante el kirchnerismo (20032015) ejerció de conductor de un viceministro, apuntó sistemáticamente buena parte de los recorridos que hizo, detallando múltiples entregas de bolsos cargados de dólares por parte de empresarios que pagaban sobornos al Gobierno y recaudaba su jefe. Centeno describe que en muchos casos trasladaba esos bolsos millonarios a la Quinta de Olivos, residencia oficial de los presidentes argentinos, o al piso de Recoleta, domicilio privado de los Kirchner.
El jefe de Centeno era el secretario de Estado de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, un extaxista que se convirtió en mano derecha de Julio de Vido, el poderoso ministro amigo del matrimonio Kirchner que durante sus tres gobiernos centralizó la mayor parte del presupuesto para obras públicas y concesiones energéticas, y que ahora está en la cárcel.
En la causa hay hasta el momento 38 imputados, quince detenidos y diez arrepentidos, entre ellos el propio Centeno, y nueve destacados empresarios de la construcción y la energía que ya han reconocido haber pagado sobornos para pagar las campañas kirchneristas a cambio de concursos públicos. Entre los empresarios que ya han confesado figuran el ex director general de la filial argentina de la española Isolux, Juan Carlos Goycoechea; un primo hermano de Macri, Ángelo Calcaterra, antiguo propietario de la constructora Iecsa; o el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
En el escrito presentado ayer, Fernández se defiende acusando a Macri y su familia de ser los verdaderos corruptos, encasillándolos en lo que desde hace años se ha venido en llamar en Argentina la “patria contratista”, por la cual los mismos constructores se han venido beneficiando de la obra pública década tras década. “Resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco (el patriarca), primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás Nicky Caputo (constructor y amigo íntimo del presidente) todos ellos quintaesencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner, a partir del 25 de mayo del 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista en la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ochenta`”, afirma Fernández en su escrito.
Fernández ya supera a Macri en las encuestas, aunque también concita mayor rechazo que el presidente